El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) por las convocatorias que publicó el gobierno del estado de Chiapas para la asignación de plazas magisteriales como parte de sus acuerdos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
“Este organismo autónomo tiene conocimiento de que el gobierno de esa entidad suscribió acuerdos con representantes sindicales, que podrían encontrarse fuera del marco de la ley, como lo dieron a conocer los medios de comunicación el 23 y 28 de junio del presente año. Por lo anterior, el pasado 29 de junio este instituto solicitó a la PGR que en ejercicio de sus facultades realice las diligencias e investigaciones correspondientes y, en su caso, el deslinde de responsabilidades”, dio a conocer.
La denuncia presentada incluye la respuesta que dio la Secretaría de Educación del estado de Chiapas al INEE, instancia que encontró inconsistencias en el esquema de selección para cubrir de forma provisional las vacantes, lo cual está en contra de la reforma educativa de 2013 y las leyes derivadas de ésta, como la Ley General del Servicio Profesional Docente (LSPD), la Ley del INEE y el artículo tercero de la Constitución, “a las que los servidores públicos están obligados a preservar, pues de lo contrario incurren en conductas ilícitas tipificadas por el Código Penal Federal”, dijo el instituto en un comunicado.
Tras levantar su plantón en la Ciudad de México, el pasado día 20 de junio, la Sección 7 de la CNTE presumió haber conseguido que en Chiapas no se aplique la evaluación de desempeño docente, además del otorgamiento de plazas para egresados normalistas y que no haya descuentos a los profesores que se ausentaron de sus labores. En resumen, que durante el resto de la actual administración no se aplique la reforma educativa en Chiapas.
El pasado 25 de abril el INEE dio a conocer que el secretario de Educación de Chiapas, Eduardo Campos Martínez, presuntamente suscribió un acuerdo político con el secretario general de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Pedro Gómez Bamaca, en el que se acordó la entrega de promociones docentes, lo que está en contra de la LSPD; la denuncia fue ante la Secretaría de la Contraloría General del estado de Chiapas en contra de servidores públicos de esa entidad.
El 29 de junio, la Secretaría de Educación Pública denunció ante la PGR y la Fiscalía General de Chiapas que representantes de la CNTE intentan impedir la entrega en las escuelas de 11.1 millones de libros de texto gratuitos para 1.4 millones de alumnos, de los cuales casi 8 millones están en los almacenes estatales y solicitó que el juez de la causa imponga medidas cautelares para evitar estas acciones de la CNTE para obstaculizar la entrega de los materiales educativos.
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