Uriel Carmona Gándara, Fiscal General del Estado de Morelos, designado en ese puesto desde la administración del perredista Graco Ramírez, fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción por encubrir a los servidores públicos involucrados en el caso de las fosas clandestinas de Tetelcingo.
La denuncia fue interpuesta por David Marroquín Ojeda, representante legal de María y Amalia Hernández Hernández, madre y tía, respectivamente, de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, cuyo cuerpo sin vida, plenamente identificado por sus familiares, fue arrojado ilegalmente por la Fiscalía General de Morelos a una fosa junto con 118 cadáveres más.
“El sentido de la denuncia es precisamente por una omisión en la investigación, en la continuación de los antecedentes de la investigación, yo les podría asegurar que llevamos dos años de supuesta investigación en los que no se ha llevado a cabo por parte del agente del Ministerio Público que ha tenido a cargo la carpeta, una sola diligencia tendiente a investigar los hechos o a identificar la identidad de los probables responsables.
“Ahorita presentando la denuncia esencialmente por el encubrimiento por favorecimiento, es un delito que genera impunidad cuando se comete por un servidor público y en este sentido el hecho de no investigar y de no formular imputaciones y de no continuar con la investigación y de los probables responsables, pues obviamente puede generar en la prescripción de algún delito y esto es precisamente el favorecimiento que le está generando la Fiscalía General del Estado”, dijo Marroquín Ojeda tras presentar la denuncia.
De acuerdo con una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por este caso que data del 2015, hay más de 40 servidores públicos involucrados en la inhumación ilegal de los cadáveres, sin embargo, hasta la fecha, la Fiscalía sólo ha iniciado procesos contra dos, y en uno de ellos retiró la formulación de imputación.
“De acuerdo a la CNDH en la recomendación emitida nos hablan de 42 servidores públicos, viene desde abuso de autoridad, obviamente violación a las leyes de inhumación y exhumación de cadáveres, falsificación de documentos, ejercicio indebido del servicio público, la verdad es que es un poquito extensa la orden, lo preocupante es que la Fiscalía, a través de la Dirección de Visitaduría, nos dice que no existen más responsables, solamente dos o tres servidores públicos a quienes les decretaron una responsabilidad, simplemente les dijeron te vamos a apercibir, te vamos a amonestar, pero no les han fincando ningún tipo de responsabilidad”, dijo el abogado.
La formulación de imputación que fue retirada era contra Ana Lilia Guerrero Moreira, ex directora de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado.
“Se retiró una formulación de imputación en contra de Ana Lilia Guerrero Moreira, sin justificación alguna, esto fue en marzo, mayo del 2018 y que hasta la fecha no tenemos ninguna información, acuerdo, resolución, del motivo por el cual el Fiscal General ordenó el retiro de esa acusación.
“Era una formulación por uso de documentos falsos, falsificación de documentos en contra de la Directora de Servicios Periciales de ese entonces, Ana Lilia, esa fue la que se retiró y ahorita estamos en audiencia intermedia y esa acusación se debió de haber acumulado y no existe esa diligencia ministerial”, expresó el asesor jurídico de la familia.
Los familiares de Oliver Wenceslao Navarrete esperan que la Fiscalía Anticorrupción investigue al Fiscal General y, en caso de comprobarse el encubrimiento, proceda a informar al Poder legislativo para que Carmona Gándara sea suspendido o destituido del cargo.
“Tenemos la duda de que se está investigando, el Fiscal en reiteradas ocasiones ha señalado que ya su investigación concluyó, que es una carpeta que ya debería de archivarse, al Congreso le informó que es una investigación que ya está concluída y bueno, ni siquiera ha iniciado formulaciones de imputación. De encontrar datos de investigación suficientes se podría decretar una destitución, de hecho, el Fiscal Anticorrupción, al establecer en la investigación si existen o no datos que puedan integrar la comisión de un delito, deben de hacerlo del conocimiento inmediato del Congreso para que ellos procedan a su suspensión o en su caso a su destitución.
“La idea de esta denuncia es primero que las autoridades que tienen la competencia lo hagan y en caso de no hacerlo, están supeditadas a un control jurisdiccional y en este caso serían los jueces de control los que estarían examinando la omisión o el cumplimiento de la investigación”, dijo.
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Ministerios púbicos, literalmente, duermen en sus laureles.
Además del retraso jurídico en el caso, entre 10 y 15 agentes del Ministerio Público han rechazado, con distintos argumentos, encabezar la investigación de este caso.
Y entre quienes lo han aceptado, literalmente se duermen en sus oficinas.
“El Fiscal General ha sido informado que los dos ministerios públicos que están como titulares de la carpeta no gozan de la confianza de las víctimas para estar representandolos, el sigue, y digo él porque es el jefe de los ministerios públicos, él sigue obstinado en que permanezcan en dicho espacio.
“Uno de los ministerios públicos que, en lugar de estar investigando la carpeta de este ministerio público, lo encontramos durmiendo en la oficina y fue prácticamente su jefa, la titular de la Fiscalía de Desaparición Forzada, quien lo despertó, tenemos video y tenemos fotografía, es José Roberto Cuevas Conde, él es el ministerio público titular en la carpeta, fue tomada el día jueves, este jueves en la Fiscalía de Desaparición Forzada”, dio Amalia Hernández mientras mostraba una fotografía del funcionario durmiendo en su escritorio.
Para el abogado, las anomalías son evidentes, por lo que decidieron iniciar la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción pues temen que algunos de los delitos cometidos desde 2015 por los involucrados en la inhumación clandestina prescriban.
“Es muy obvio que algo no está funcionando con la investigación, con la Fiscalía General, con los agentes del Ministerio Público, con los fiscales, con todas las personas que han tenido contacto con la investigación y es muy obvio que algo está pasando, yo no puedo asegurarles que sea algún beneficio a favor de tal persona, o algún beneficio económico, lo que sí es cierto es que es una investigación muy compleja y que les ha generado incertidumbre, tanto a las personas, acuérdense que los agentes del Ministerio Público son personas y ellos temen también por el compromiso que pueden tener con sus compañeros de la Fiscalía o con la institución propiamente o hasta con personas o abogados que ellos mismos conocen.
“Entonces ha sido una investigación que ha sido compleja, muchos agentes del Ministerio Público la han rechazado, no la quieren para trabajarla, eso es una realidad, pero ahí es una cuestión institucional, te estoy hablando que en nuestra investigación por lo menos hay de 10 a 15 agentes del Ministerio Público que no han entrado a la investigación, que buscan cualquier pretexto para alejarse de la investigación”, dijo el abogado.
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Piden creación de Fiscalía Especializada
Ante las omisiones de la Fiscalía General del Estado, los familiares de Oliver Wenceslao propusieron al titular de esa dependencia, Uriel Carmona Gándara, a creación de una fiscalía especializada para atender el caso.
La respuesta sería dada a las víctimas el viernes 21 de junio, sin embargo, el Fiscal General pospuso el encuentro.
“Dentro de la propia Ley Orgánica maneja la situación de una Fiscalía Especializada, se le hizo la sugerencia al Fiscal General, esto lo permite la Ley Orgánica y está dentro de las atribuciones del mismo fiscal, sin embargo no ha dado respuesta a esa petición.
“Se comprometió que el día viernes pasado a la 1:30 de la tarde íbamos a tener una reunión precisamente para abordar ese asunto, pero como lo hemos mencionado, siempre sale un imprevisto, casos relevantes para él y trasladó la reunión para el día de mañana a la 1 de la tarde”, dijo Amalia Hernández.
Fuente: http://www.aristeguinoticias.com
