El gobernador Cuitláhuac García, la alcaldesa de Actopan, varios síndicos y regidores, así como el procurador del Medio Ambiente, fueron denunciados ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz. La denuncia, presentada por Iván López Fernández, excontralor general de Veracruz, señala presunto enriquecimiento ilícito y extracción ilegal de balasto para el proyecto del Tren Maya.
López Fernández acusó a los funcionarios de participar en la extracción ilegal de aproximadamente cuatro millones de metros cúbicos de balasto, valorados en cerca de 10 mil millones de pesos. Según López, ninguno de los 22 bancos de balasto en la zona de Actopan cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), requisito indispensable para la explotación legal de estos recursos.
Los funcionarios denunciados incluyen, además del gobernador Cuitláhuac García y el procurador de Medio Ambiente Sergio Rodríguez Cortés, a Roberto Alejandro Utrera Carreto, síndico; María Sivilina Guevara, regidora primera; Erika Rosado Rivera, regidora segunda; Rafael Moreno Utrera, regidor tercero; Miguel Ángel López Rolón, regidor cuarto; y Alán Ruiz Aguilar, regidor quinto del municipio de Actopan. También están implicados varios colaboradores de la Procuraduría de Medio Ambiente (PMA).
López Fernández solicitó a la Fiscalía que actúe con imparcialidad y sin favoritismos hacia el titular del Poder Ejecutivo. Subrayó que el ayuntamiento de Actopan otorgó permisos de extracción de balasto violando la ley y sin las debidas manifestaciones de impacto ambiental, constituyendo un incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad.
El excontralor también denunció que la familia Utrera, parientes del síndico Roberto Alejandro Utrera Carreto, viven en la opulencia, disfrutando de lujos y bienes adquiridos de manera presuntamente ilícita. López Fernández afirmó que el gobernador está al tanto de estas actividades, debido a la relación familiar que mantienen con su chofer.
Esta denuncia pone en el foco de la atención pública la posible corrupción y las irregularidades en la administración pública de Veracruz, en el contexto de un proyecto de infraestructura tan relevante como el Tren Maya.
