La diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño (PAN) presentó ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General de la República (FGR), una denuncia por irregularidades en la entrega de medicamentos para el cáncer infantil.
La diputada explicó que en la Cuenta Pública 2019, en la auditoría 177-DS, denominada “Gestión financiera del Hospital Infantil de México, Federico Gómez”, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió un pliego de observaciones, en monto cerrado, por 6.7 millones de pesos al hospital por no acreditar el suministro y entrega de cuatro tipos de medicamentos oncológicos al paciente.
De acuerdo con el informe, se tiene certeza de su compra y arribo al nosocomio, pero hasta el momento se desconoce dónde se encuentran, detalló en conferencia de prensa ofrecida en un restaurante de la Ciudad de México.
Además, se detectaron irregularidades en las recetas, por ejemplo, recetas con nombres de dos pacientes distintos, algunas que no coinciden con las dosis que se registraron en la salida del almacén, otras tampoco corresponden a las fechas en las que supuestamente se entregó el medicamento; entre otras anomalías.
Lo delicado, añadió la también integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y de la Comisión de Gobernación, es que los medicamentos simplemente desaparecieron y hasta este lunes 20 de junio, que fue consultada la página de la ASF, el monto sigue pendiente por aclarar.
La diputada dijo que el pasado 20 de febrero el auditor Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, entregó a la Comisión de Vigilancia de la ASF la Cuenta Pública 2020, la cual fue criticada por la repentina baja de auditorías previo a su entrega.
Expuso que, luego de su análisis, se encontró que el 15 de diciembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la baja de la auditoría 1531-DS, denominada “Medicamentos para el tratamiento del cáncer infantil”, justificando que sería incluida en la auditoría 242-DS “Erogaciones para la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos al Insabi”; lo que no aconteció.
Sostuvo que, tras solicitar información en la Plataforma Nacional de Transparencia de la ASF para conocer el detalle de los documentos en la ejecución de estas auditorías, se encontró que la 1531-DS da cuenta de “la suscripción de contratos cubiertos con recursos fiscales durante 2020 por 49.9 millones de pesos”; sin embargo, se consideró que no era significante, por lo que se dio de baja la auditoría.
“No sabemos qué sucedió con 50 millones de pesos dice (…) ‘que únicamente 49.9 millones de pesos corresponden a los pagos realizados en este ejercicio fiscal (2020) para la adquisición de medicamentos para el tratamiento de cáncer’”.
