El pasado 1 de junio, la elección judicial para designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estuvo marcada por irregularidades que expertos han calificado como un fraude estadístico, técnico y estructural. Un informe elaborado por el ministro en retiro José Ramón Cossío y el abogado Jorge Medellín reveló que nueve candidatos ganaron en bloque en más de 16 mil 400 casillas, patrón matemáticamente improbable y que apunta a una manipulación deliberada. La investigación mostró que listas conocidas como “acordeones” fueron distribuidas desde mayo para inducir el voto hacia esos perfiles, y que más de 20% de las casillas presentaron coincidencias sospechosas, un umbral que la ley establece como causa para anular la elección.
Los análisis estadísticos indicaron que el voto homogéneo en favor de los mismos nueve candidatos, todos vinculados a la corriente política conocida como la 4T, no se explica por una elección competitiva o democrática, sino por un operativo premeditado que simula un proceso electoral legítimo. Este patrón se repitió en múltiples entidades, con estados como Aguascalientes y Quintana Roo alcanzando porcentajes de voto conjunto de hasta 97%. Además, hubo mínima participación electoral, gasto no fiscalizado y un control casi absoluto sobre los resultados.
Luego de la controversia, el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso multas económicas cercanas a los 18 millones de pesos por irregularidades detectadas, principalmente por la difusión y uso de los “acordeones”, documentos que orientaban el voto con los nombres de los candidatos favorecidos. A pesar de estas sanciones, los ganadores permanecen en sus cargos, situación que ha generado críticas por normalizar y validar un proceso electoral cuestionado.
La elección buscaba renovar a nueve integrantes del máximo tribunal, pero la metodología y los resultados han sido cuestionados desde diversos sectores políticos y sociales, quienes demandan una revisión profunda y la anulación del proceso ante la gravedad del posible fraude. Este caso representa un reto para la credibilidad del sistema judicial y electoral, así como para la confianza ciudadana en las instituciones democráticas de México.
