La difusión de un video que muestra la tortura infligida a una persona detenida por el caso Ayotzinapa, dado a conocer en medios de comunicación, confirma que la investigación de la desaparición de los normalistas recurrió a prácticas violatorias a derechos humanos, como en su momento fuera señalado por los diversos organismos internacionales de derechos humanos que revisaron el caso, señalaron organizaciones sociales, que además acusaron a la CNDH de encubrir la tortura.
El material confirma lo que la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU había reportado en su informe Doble injusticia – Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa: la existencia de fuertes elementos de convicción de que hubo tortura en 34 casos de personas detenidas, entre los que se encuentra el caso de la persona que aparece en el video, Carlos “N”.
En respuesta a señalamientos como el de la ONU, la Procuraduría General de la República (PGR) -hoy Fiscalía General de la República- negó haber construido la llamada “verdad histórica” con base en torturas y afirmó que solamente verificó vejaciones en 2 casos. Empero, a más de cuatro años ni siquiera en esos dos casos aceptados se ha actuado legalmente contra los responsables. Esa inercia se ha sostenido incluso en el tránsito hacia la FGR, ya en esta administración, denunciaron las organizaciones Serapaz, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar y el Centro de Derehos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en un comunicado.
Por su parte, la CNDH en su Recomendación sobre Ayotzinapa, evaluó 72 casos en los que recibió quejas por tortura, de los cuales concluyó que sólo en 8 de ellos hubo tortura. En particular, respecto del detenido Carlos “N” la CNDH expresamente concluyó que no había evidencia de que se le hubiera sometido a asfixia o cargas eléctricas, pese a la abundancia de prueba y pese a la reiterada denuncia del propio detenido. La fallida actuación de la CNDH en este rubro es consistente con su deficiente aproximación a la investigación de la tortura en México, caracterizada por encuadrar como tratos crueles casos donde la tortura es manifiesta y flagrante; por ello, confirma también los sesgos y limitaciones de su recomendación.
Para las organizaciones firmantes, el video difundido confirma que la investigación del caso Ayotzinapa se usó la tortura; acredita la CNDH encubrió esta práctica con una recomendación que no es fiable; reivindica la actuación de organismos internacionales en su momento criticados por el Gobierno Federal, como la ONU – DH; coincide con lo detectado en la innovadora sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas sobre el caso; y abre nuevos caminos para alcanzar la verdad en el caso.
En efecto, la confirmación gráfica y pública de la existencia de la tortura en el caso bajo mayor escrutinio público e internacional confirma también que los importantes esfuerzos que ya realiza la Comisión Presidencial para indagar el caso deben ser más apoyados y secundados por la Fiscalía General de la República. Si ésta institución no avanza decididamente en la investigación de quienes cometieron irregularidades y violaciones a derechos humanos, si no fortalece el equipo de investigación del caso, si no realiza nuevas acusaciones y si continúa apoyándose más en la recomendación de CNDH que en el trabajo de los organismos especiales, se perderá la oportunidad de esclarecer plenamente el caso.
En este sentido, el video difundido recuerda que está pendiente realizar la investigación interna de los funcionarios que han desviado y obstruido la justicia. Al día de hoy, varios de estos funcionarios siguen sin rendir cuentas e incluso en puestos de responsabilidad pública; tal es el caso de una de las personas de quien se ha señalado su intervención en la tortura a partir de dicho material audiovisual. Después de la aparición del video, dicha persona se separó de su cargo en un gobierno estatal, paso relevante pero insuficiente pues lo que corresponde ahora es que sea investigado y en su caso sancionado, apuntaron.
En suma, el caso Ayotzinapa sigue siendo la prueba de la voluntad y capacidad de las autoridades mexicanas para abordar las violaciones a derechos humanos y romper con la impunidad institucionalizada. También es una oportunidad para demostrar que la tortura comenzará a ser erradicada en serio del sistema de justicia; en el pasado, videos que mostraron el uso de la tortura en México -por cierto con técnicas similares a las hoy documentadas- motivaron discursos de disculpas de alguna de las instituciones involucradas pero no un reconocimiento profundo de que esta práctica es generalizada y mucho menos sanciones severas a quienes torturan y a quienes instigan o toleran como mandos esta práctica; para que esta realidad cambie, la sanción de los responsables es indispensable, concluyeron.
Fuente: AGENCIAS
