La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, fue desairada por los poderes Ejecutivo y Legislativo durante su último informe de labores. En lugar de asistir los titulares, como es costumbre, se enviaron representantes. César Yánez, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, asistió en representación de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Notablemente, los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, tampoco estuvieron presentes.
Este evento contrasta con el año anterior, cuando, a pesar de las tensiones con el gobierno, la exsecretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, asistieron.
Durante su discurso, la ministra Piña criticó abiertamente los ataques, amenazas y el desprestigio que ha enfrentado la judicatura por actuar de manera independiente en casos clave para la Presidencia y el partido en el poder. En un tono firme, destacó que su informe no se centró en las estadísticas de casos resueltos, sino en la defensa de la independencia judicial.
“Las coincidencias entre ataques y amenazas a la judicatura federal y a sus integrantes, y el legítimo ejercicio de nuestra función jurisdiccional se hicieron patentes cuando frente a decisiones contrarias a los intereses del gobierno se nos llamó ‘traidores al pueblo’”, expresó Piña. También subrayó que los problemas comenzaron a intensificarse tras la declaración de inconstitucionalidad del decreto que buscaba transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Piña enfatizó que cada vez que la SCJN emite fallos que contradicen la agenda del gobierno, los ministros que votan en contra son acusados de traición y corrupción. Además, hizo hincapié en que la judicatura es injustamente señalada por la situación de personas en prisión sin sentencia, cuando es el propio gobierno el que promueve estas medidas.
