Ni los bienes ni recursos que se llevaron los dirigentes partidistas, ni lo que alcanzó a recuperar el Instituto Nacional Electoral ( INE) de los partidos políticos que perdieron su registro en más de dos décadas, es posible conocer. Vía Transparencia, la autoridad electoral respondió que la información es “inexistente”, pues la documentación fue dada de baja.
Aunque hasta antes de 2008, el órgano electoral no contaba con reglas para la liquidación de los partidos, debía registrar la desaparición de éstos. Antes de esa fecha, 18 instituciones políticas perdieron su registro por no sumar los votos necesarios en la última elección en la que participaron. Tan sólo en su último año, previo a su extinción, tuvieron a su disposición una bolsa global de alrededor de mil millones de pesos, de los que se desconoce con cuánto se quedaron o regresaron.
De acuerdo con la autoridad electoral, previo a la reforma electoral de hace 10 años, los partidos establecían sus procedimientos de liquidación y eran los responsables de llevarlos a cabo. Sin embargo, la documentación a disposición del organismo relacionada con estos procesos fue desechada.
La presidenta del Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales en Jalisco, Cynthia Cantero Pacheco, reconoce que acceder a esta información puede resultar complicado porque en los últimos 20 años ha cambiado la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información, la de archivos y la de protección de datos personales. Sin embargo, subraya que el Instituto Electoral debe responder con claridad sobre estos documentos.
“En caso de que ya no cuenten con la documentación derivada de la extinción de esos partidos, sí deben contar con un acta que soporte ese proceso… porque hay documentos en los que se hace constar que esas instituciones desaparecieron, y al momento en que desaparecen, quien se queda con el resguardo de esta información o estos datos. De acuerdo con las leyes electorales, es el INE”.
Jesús Ibarra, académico del ITESO, recuerda que los dirigentes de los partidos se iban con el “botín” y era difícil recuperar los bienes: “Literalmente lo que hacían los integrantes de esos partidos era tomar las cosas: vehículos, muebles y hasta dinero, y llevárselos a sus casas y a sus cuentas privadas. Luego, el INE tenía que andar preguntando en dónde quedaron los bienes y recursos”.
Si al Instituto Electoral le costó recuperar recursos o no le regresaron ni un peso, esa información tendría que dejarla muy clara, subraya el académico. “Y me parece que estaría incumpliendo el IFE o INE si no da cuenta precisa de qué sucedió”.
Sobre los últimos dos partidos que perdieron el registro tras regularse los procesos de liquidación, tampoco es posible conocer el desglose de los bienes. Del Partido Socialdemócrata, que desapareció en 2009, se respondió que hay información confidencial que no puede ser entregada. Sin embargo, al finalizar el proceso, el INE recuperó más de 40 mil pesos. La información del Partido Humanista, que perdió su registro en 2015, ha sido reservada por un año, pues aún está en proceso de liquidación.
El proceso de liquidación del Partido Social Demócrata, que perdió el registro tras las elecciones de 2009, duró dos años y regresó un saldo de 47 mil pesos a la autoridad electoral, de acuerdo con el informe que presentó el interventor ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
El Instituto no entregó el desglose de los bienes muebles e inmuebles, así como de los recursos con los que contaba el partido. Vía Transparencia se entregaron algunos documentos relacionados al procedimiento a través del cual fue saldado; sin embargo, se argumentó que en la documentación hay datos confidenciales que impiden poner a disposición parte de la información.
Según los informes finales que entregan los partidos políticos al INE y, que se encuentran en el apartado de Transparencia, se reporta que en 2009 el partido tuvo ingresos por 146.5 millones de pesos (entre financiamiento público, de simpatizantes y militantes), gastos por 139.8 millones de pesos, y un saldo a favor por 6.6 millones de pesos, de acuerdo con el informe entregado en 2010 por la institución política.
En el tiempo de vida que tuvo este partido accedió a un financiamiento público de 188.5 millones de pesos, de los cuales, 142.8 millones de pesos se destinaron a actividades ordinarias, 42.8 millones de pesos a campañas y 2.8 millones de pesos a actividades específicas.
En diciembre de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la lista de pasivos y solicitudes de reconocimiento de crédito que tenía pendientes de cubrir la institución por el orden de los 127.8 millones de pesos. De éstos recursos, cuatro eran pagos laborales por 1.1 millones de pesos; otros 10 pagos pendientes con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto para el Fomento de la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit).
Además, se tenían pendientes ocho sanciones administrativas tanto con el IFE como con organismos electorales locales por 6.6 millones de pesos, con 54 proveedores y acreedores por 79.5 millones de pesos.
A esto se sumaban 38 asuntos laborales, cinco sanciones administrativas y uno más con un proveedor por un total de 22.4 millones de pesos. Sin embargo, en este último se aclaraba que se añadirían sanciones por parte del Consejo General del Instituto por irregularidades encontradas en los informes de campaña y anual del ejercicio 2009.
Esta fue la primera lista que se dio a conocer con relación a los pagos pendientes que tenía el partido, aunque esto sólo era el reconocimiento de pasivos, no así un compromiso de pago, pues debían ser comprobados. Además, se tenía un plazo para que otros empleados o proveedores pudieran presentar solicitudes de pago.
Finalmente, el 6 de agosto de 2012 se informó que no existía formalmente un saldo positivo de bienes muebles e inmuebles. A la siguiente semana, el interventor del partido entregó a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos un cheque por 47 mil 168 pesos, con lo cual se dio por concluido el proceso de administración y enajenación de los bienes del partido.
A pesar de que sólo sobrevivió un año, el proceso de liquidación del Partido Humanista se ha prolongado y suma tres años. El INE no ha podido concluir las acciones que se iniciaron en 2015 tras declararse la pérdida del registro del partido por no alcanzar el 3% de la votación mínima requerida.
Además, la información correspondiente a ese procedimiento se encuentra reservada por un año, debido a que no se ha emitido una resolución final de su liquidación.
El 23 de febrero pasado, el instituto emitió la resolución INE-CT-R-0096-2O18, sobre la reserva relativa a los nombres de los titulares de las cuentas interbancarias, el monto económico que resguardan, qué monto resguardaban, las aportaciones de ley retenidas a los trabajadores, el pago de proveedores, el estado de los bienes muebles e inmuebles incautados al partido, entre otros.
En julio pasado, en el Diario Oficial de la Federación se publicó una lista de los pasivos del partido por el orden de los 29.4 millones de pesos. Son más de 20 adeudos, en los que ninguno supera los tres millones de pesos. Sin embargo, esto deriva en que el proceso para su extinción tardará un poco más, pues primero deben saldarse las cuentas pendientes con trabajadores, que incluso han demandado.
En la elección de 2015, el Partido Humanista obtuvo un total de 846 mil votos en la elección de diputados de mayoría; es decir, un 2.2% de la votación total emitida; en la de diputaciones de representación proporcional sumó 856 mil votos, que representaron el mismo porcentaje.
Las impugnaciones que presentó no le fueron favorables, por lo que el instituto continúo con su liquidación.
Al igual que lo hizo el Partido del Trabajo para evitar su pérdida de registro, el Partido Humanista recurrió a los tribunales para argumentar que aún se tenía pendiente de realizar las elecciones en un distrito, por lo que consideraba que no era oportuna la declaratoria de pérdida de registro.
Además, señaló que el INE afectó su operación y las acciones pendientes a conseguir sus fines, entre éstos, el mantener el registro del partido, debido a que le entregó de manera tardía el financiamiento público correspondiente a los meses de enero y febrero de 2015. Sin embargo, el órgano electoral respondió que esto obedeció a que el partido tenía conflictos internos para la integración de sus órganos directivos, “no existía certeza respecto de la persona facultada para recibir la prerrogativa”.
Se añade que “el financiamiento público correspondiente a los meses de enero y febrero del año en curso, le fueron entregados al Partido Humanista conjuntamente con el mes de marzo por los conceptos de: actividades ordinarias, gastos de campaña y actividades específicas.
Cabe recordar que las campañas electorales dieron inicio el día cinco de abril de 2015, por lo que el partido político no puede alegar que no contó en tiempo con los recursos para actos de campaña”.
En la elección del pasado 1 de julio, los votos de los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social, ahora en proceso de liquidación tras no alcanzar el 3% de la votación mínima requerida para mantener su registro, fueron los más caros, con un costo de alrededor de 300 pesos cada uno, casi 10 veces más que los del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en la elección para los diputados.
El más costoso fue el del Panal, por 301 pesos, si se toma en cuenta que recibió 419.1 millones de pesos de financiamiento público y obtuvo sólo mil 391 votos.
Le siguió el PES, con un costo de 294 pesos, pues recibió 398 millones de pesos y sólo votaron por este partido mil 353 personas. Mientras que Morena, partido que también recibió de los presupuestos más bajos con un total de 649 millones de pesos, recibió más de 20 millones de votos. El sufragio de este último costó alrededor de 30 pesos.
A pesar de que tanto el PAN y el PRI recibieron las prerrogativas más altas, los votos tuvieron un costo de 126 pesos y 181 pesos, respectivamente.
Pese a los bajos resultados que no les alcanzan para mantenerse como partidos políticos nacionales, tanto Nueva Alianza como Encuentro Social se resistían a desaparecer.
Ambos impugnaron con el argumento de que hubo errores en los conteos. Sin embargo, el Tribunal Electoral de la Federación desechó las impugnaciones y el Instituto Nacional Electoral (INE) continúa firme en el proceso para retirarles el registro. Hace unos días, anunció las reglas a seguir para la liquidación y será en este mes cuando formalice la desaparición de las dos instituciones políticas.
El último partido político en perder su registro fue el Humanista, el cual no obtuvo la votación requerida durante el proceso de 2015. A pesar de que en ese año se comenzó la liquidación del mismo, ésta no ha podido cerrarse.
En el caso de este partido, en la elección de hace tres años, cada sufragio a su favor tuvo un costo de 122 pesos, pues obtuvo un presupuesto público de 105.1 millones de pesos y sólo recibió 856 mil votos en la elección de diputados.
A propósito del proceso de los finiquitos de los partidos Encuentro Social y Nueva Alianza, que inició el Instituto Nacional Electoral por no haber logrado el 3% de la votación el pasado 1 de julio, EL INFORMADOR se dio a la tarea de investigar dónde quedó el patrimonio y los bienes que con dinero público adquirieron los institutos políticos que desaparecieron por la falta de votos.
Sucedió lo que se temía. Que esos partidos manejaron como suyos los inmuebles y otras adquisiciones que hicieron y que nunca los devolvieron a la autoridad electoral.
El INE argumenta que como no existían reglas claras para su liquidación, ya “dieron de baja” la documentación para saber qué pasó con el inventario de bienes que manejaron al menos 18 partidos políticos que perdieron el registro entre 1991 y 2003.
Si eso ya es grave, es más grave que el órgano electoral considere información reservada lo referente a los procesos de finiquito de partidos después del 2003, como el del Partido Humanista, y que el único dato que tengan es que el Partido Social Demócrata que desapareció hace nueve años, les regresara 47 mil pesos.
¿Quién se quedó con los inmuebles, las computadoras, los muebles de oficina, los autos y demás bienes de los que se hicieron los dirigentes de los partidos que han tenido que ser finiquitados por el desprecio de los votantes? La respuesta que da la autoridad electoral deja claro que estamos ante más casos impunes de desvíos millonarios de recursos públicos.
La opacidad en la que se dan estos procesos de liquidación poco contribuyen a corregir este indeseable manejo patrimonialista que hacen los partidos políticos, algunos de éstos, auténticos negocios familiares.
Ante esta situación, lo menos que se debe hacer es exigir al INE que las actuales acciones para finiquitar al PES y al Panal se den con plena transparencia para poner fin a todo este tráfico y apropiación de recursos del erario.
Insistimos en que, para lograr una verdadera y más eficaz fiscalización del gasto de los partidos políticos, pasa por inaugurar nuevos y ejemplares procesos de los cierres de estos mini partidos, que desaparecen justamente por no utilizar las prerrogativas debidamente y lejos de posicionar a sus partidos destinan ese dinero a engordar sus carteras.
No hacerlo es perpetuar la perversa visión de que los partidos políticos son como clubes privados, cuando en realidad son instituciones de interés público obligados a rendir cuentas de sus gastos desde su nacimiento hasta su desaparición.
Previo a formalizar la pérdida de registro de los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social, la Comisión de Fiscalización del INE ya presentó las reglas que se seguirán para la liquidación de ambas instituciones, a las cuales se incorporará un informe del patrimonio de sus bienes.
A través de un comunicado del Instituto se destacó que el presidente de la Comisión, Ciro Murayama, remarcó que este informe será de gran utilidad para llevar al cabo ambos procedimientos. Agregó que entre las novedades más importantes es que los gastos por los honorarios del interventor correrán por cuenta del partido político que esté en proceso de liquidación.
Además, ya se nombraron a los interventores de ambos institutos. En el caso de Nueva Alianza, Armando Maldonado García, y Ramón Ismael Trejo Bazúa para Encuentro Social. Ellos serán los responsables de levantar el informe de los bienes muebles e inmuebles con los que cuenten las instituciones políticas, de sus cuentas bancarias, así como de las deudas que se tengan con trabajadores, proveedores, instituciones o cualquier crédito que se tenga pendiente por cubrir.
En días pasados, el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, Lizandro Núñez, aclaró que primero deben saldarse los adeudos que se tengan con trabajadores (muchos de ellos en juicio), posteriormente se analizan los pasivos que se tengan pendientes tanto con instituciones como con proveedores y acreedores. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Capacitación y Organización, Marco Antonio Baños, dijo que ahora lo único que se puede pagar es la nómina.
Este último se ha pronunciado también por la duración que tienen estos procesos de liquidación, los cuales considera muy largos. Por ejemplo, en el caso del Partido Socialdemócrata tardó dos años y en el del Partido Humanista tiene tres años en proceso, lo que provoca que sean “onerosos”. Debido a esto, el INE ya prepara ajustes a las reglas para hacerlo más expedito.
Claves
- Los últimos cuatro partidos debían obtener al menos el 3% del total de la votación valida emitida, tras los cambios que se realizaron a la legislación antes de la elección de 2015.
- En 1997 fue cuando se estableció el porcentaje mínimo de votación de 2% para mantener el registro y las prerrogativas, lo que provocó que comenzaran a desaparecer partidos ante la baja votación registrada.
- Uno de primeros partidos en desaparecer fue el Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), que en 1988 impulsó la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Sin embargo, en la elección federal de 1994 perdió el registro.
- Tres años después, en 1997, los partidos Cardenista, Popular Socialista y Demócrata Mexicano perdieron su registro.
- En las elecciones de 2000, otros tres partidos perdieron el reconocimiento al no alcanzar el 2%: el Partido del Centro Democrático, por el que compitió Manuel Camacho Solís; el Auténtico de la Revolución Mexicana, que tuvo como candidato a Porfirio Muñoz Ledo, y el Democracia Social, con Gilberto Rincón Gallardo como abanderado.
- En elección intermedia de 2003, participaron nuevas agrupaciones como el Partido de la Sociedad Nacionalista, el Partido Alianza Social, México Posible, Partido Liberal Mexicano y Fuerza Ciudadana, los cuales también desaparecieron luego.
- En las elecciones de 2009, sólo se presentó una institución de reciente creación, el Partido Socialdemócrata, que no logró mantenerse.
- En 2015 aparecieron tres nuevos partidos: el Humanista, Encuentro Social y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). El primero desapareció.
- A estas fuerzas políticas, se suman Encuentro Social y Nueva Alianza que perdieron el registro en las elecciones del pasado 1 de julio. Pese a que atraviesan por un proceso de pérdida de registro, esto no afectará los resultados obtenidos en las elecciones pasadas. Por ejemplo, el primero contará con 55 diputados gracias a la alianza que conformó con Morena y Partido del Trabajo.
La voz del espero
Jesús Ibarra (del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO).
En los procesos de liquidación de los partidos políticos, las autoridades electorales no han seguido una regulación adecuada, pues no se ha establecido la reglamentación necesaria para que no se pierda dinero en éstos, consideró el académico del ITESO, Jesús Ibarra.
“No es fácil liquidar un partido y menos con el esquema actual que se tiene del Instituto Electoral. Me parece que se tendría que dar una reforma en donde el Instituto Nacional sea quien tuviera los recursos de los partidos y, a solicitud de éstos, hiciera compras, gastos y demás. Mejoraría la fiscalización y en el caso puntual de las liquidaciones”.
“Los partidos políticos continúan gastando sin ninguna o poca disciplina financiera. Eso justifica que la chequera la tenga el INE. Daría más certidumbre, habría más transparencia y se podría controlar mejor la fiscalización”
Esto facilitaría los procedimientos porque, actualmente, al momento de liquidarlos, el INE se entera que los partidos tenían muchos problemas con sus pagos, “deudas, demandas de proveedores… y se convierten en un asunto mercantil lo que es dinero de financiamiento público que tendría que estar erogado correctamente desde el instituto”.
Recordó que, antes de 2014, estos procesos eran un “agravio” para todos los ciudadanos porque al no haber un esquema para saldarlos, “literalmente lo que hacían los integrantes de esos partidos era tomar las cosas: vehículos, muebles y hasta dinero, y llevárselos a sus casas y a sus cuentas privadas. Luego el INE tenía que andar preguntando dónde quedaron (bienes y recursos)”.
Sin embargo, señaló que los partidos continúan gastando sin ninguna o poca disciplina financiera, lo que justifica que la chequera la tenga el INE, “daría más certidumbre, habría mucho más transparencia y se podría controlar mejor la fiscalización”.
En el fondo, subrayó, el dinero en las elecciones sigue siendo un problema no resuelto porque no hay voluntad política real para resolverlo, “que es origen de un montón de problemas no sólo de pérdidas de financiamiento público, sino incluso que genera corrupción política. Ahora con la liquidación, de nuevo volvemos a enfrentar el problema de que no hay un control adecuado del dinero en las elecciones, ni para distribuir correctamente ni para evitar dobles contabilidades y dinero por lo tanto ilícito en la campaña, ni para evitar que haya compromisos que después se convierten en corrupción política, ni para garantizar que la liquidación de un partido sea ordenada, transparente”.
Fuente: https://www.informador.mx
