La Auditoría Superior de la Federación ha revelado preocupantes hallazgos en la Cuenta Pública 2022 en relación a la transferencia de recursos a las instituciones de media superior y superior, específicamente en las universidades tecnológicas. Según informes, se ha identificado un faltante de 3,716.7 millones de pesos por parte de los estados, resultado de dos factores principales.
El primer factor está relacionado con el incumplimiento de los convenios establecidos por parte de las entidades federativas, que no cumplieron con el porcentaje acordado en los acuerdos. El segundo factor se atribuye a la falta de entrega de documentación comprobatoria, lo que impidió realizar un análisis exhaustivo de los recursos transferidos.
En total, los gobiernos estatales entregaron 19,159 millones de pesos, pero se encontró un déficit del 13.5%, equivalente a 3,716.7 millones de pesos, de acuerdo con el informe de la Auditoría.
Los faltantes más significativos se encontraron en instituciones como Cobach (-2,135%), CECyTE (-973%), TBC (-182%) y Bachillerato Intercultural (-57.7%). En el caso de las universidades, la Universidad Tecnológica fue la más afectada, registrando un déficit presupuestario del 197%.
En cuanto a los estados, aquellos que menos recursos entregaron fueron Oaxaca (-1,140.4%), Quintana Roo (-571.5%), Tlaxcala (-571.0%), Sonora (-401.2%), Guerrero (-345.3%), Baja California Sur (-308.2%), Yucatán (-281.6%), Durango (-105.7%), Coahuila (-62.7%) y Estado de México (-51.6%).
En relación a los recursos transferidos a las universidades tecnológicas y politécnicas, se observó un cumplimiento en la entrega de los recursos federales. Sin embargo, se detectó un faltante de 262.5 millones de pesos en la transferencia de recursos estatales, ya que 12 entidades federativas no cumplieron con los montos establecidos en los convenios.
La Auditoría Superior de la Federación recomienda establecer mecanismos financieros en las entidades federativas para garantizar el cumplimiento de los porcentajes de aportación estatal a los organismos descentralizados de manera oportuna. Además, se señala que la Secretaría de Educación Pública emitió criterios poco específicos y los esquemas e instrumentos de seguimiento presentan áreas de oportunidad.
Por otro lado, en el marco de la entrega de informes de la Cuenta Pública 2022, se ha detectado que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) entregó solamente el 20.9% de los libros de texto, con retrasos de hasta 31 días posteriores a la fecha compromiso establecida en la contratación del servicio de transporte para su distribución.
Según la Auditoría, durante el año pasado se distribuyeron 16,517,607 libros de texto en todo el país. En general, la Conaliteg cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables, aunque se han hecho recomendaciones y se ha señalado una posible responsabilidad administrativa sancionatoria en un caso específico.
Estos hallazgos ponen de manifiesto la importancia de fortalecer los mecanismos de control y seguimiento en la asignación y distribución de recursos destinados a la educación, con el fin de garantizar una gestión eficiente y transparente que beneficie a los estudiantes de todo el país.
