El Gobierno federal encabezó operativos recientes contra el huachicol, en los que se desmantelaron instalaciones clandestinas con megatanques y pipas, y se decomisaron grandes volúmenes de combustible. En Veracruz se clausuró una refinería ilegal, mientras que en Nuevo León se incautaron millones de litros de hidrocarburos sin medidas de seguridad. Sin embargo, en ninguno de estos operativos se detuvo a los presuntos responsables.
Autoridades federales y estatales obtuvieron órdenes de cateo tras labores de inteligencia y vigilancia, logrando localizar tanques, equipo especializado y grandes cantidades de combustible de origen ilícito. A pesar de los hallazgos, las acciones no incluyeron arrestos, lo que llamó la atención de analistas y medios de comunicación.
El despliegue se desarrolla en el marco de la estrategia nacional para combatir el robo de combustible, conocida en México como huachicol, practicado por redes criminales que operan refinerías caseras y almacenan hidrocarburos en condiciones peligrosas. Aun con el decomiso masivo de recursos y el cierre de puntos de ordeña, la ausencia de detenciones ha suscitado cuestionamientos sobre la capacidad para identificar y sancionar a los responsables.
La falta de aprehensiones genera preocupación entre la población, que exige no solo acciones contra el robo de combustible, sino también justicia y rendición de cuentas. Las autoridades han defendido que los operativos continúan su curso y que la investigación para identificar a los involucrados sigue abierta. Sin embargo, persiste el reclamo social de que se traduzca en detenciones y procesos judiciales efectivos.
