El exoficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) Emilio Zebadúa señaló que el dinero desviado a través de la Estafa maestra supuestamente se utilizaría para pagar deudas y compromisos de la campaña electoral del expresidente Enrique Peña Nieto.
La declaración de Zebadúa fue mencionada por la Fiscalía General de la República (FGR) durante la audiencia inicial, realizada por videoconferencia, en la que imputó a Enrique González Tiburcio, exsubsecretario de Ordenamiento Territorial de Sedatu, por uso indebido de atribuciones y facultades en la Estafa maestra.
Esta es la primera vez en una causa penal relacionada con este caso que la FGR ofrece como dato de prueba la declaración de Zebadúa, quien solicitó convertirse en testigo colaborador para obtener un criterio de oportunidad.
La Fiscalía de México indicó que Zebadúa González declaró que desde 2012 y bajo las órdenes de Rosario Robles Berlanga se inició una estrategia de suministro de recursos públicos de la Secretaría de Hacienda autorizados por Luis Videgaray por más de mil 267 millones de pesos.
Estos recursos fueron asignados a través de la Cruzada contra el Hambre, pero serían utilizados para el pago de deudas y compromisos de la campaña electoral de 2012 de Peña Nieto.
Zebadúa afirmó a la FGR que Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social, tuvo conocimiento de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación sobre los convenios de colaboración con entidades públicas, a través de los cuales se desviaron recursos.
Por estas irregularidades, Robles está vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público, pues la FGR la señaló de tener conocimiento de las anomalías y no hacer nada para evitarlas ni informar a su superior jerárquico, es decir, a Peña Nieto.
En la audiencia, la fiscalía no mencionó si le fue otorgado el criterio de oportunidad a Zebadúa.
Los fiscales solicitaron al juez vincular a proceso a González Tiburcio, a quien acusaron de firmar un convenio entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, en Hidalgo, en enero de 2016 para la realización de diversos servicios para el Centro Ciudad de las Mujeres, por un total de 185 millones 839 mil pesos.
Un mes después de la firma del convenio, la universidad subcontrató los servicios a dos empresas privadas; este esquema de subcontrataciones es conocido como la Estafa maestra.
Por ello, la fiscalía general consideró que los recursos entregados a las empresas subcontratadas, más de 42 millones de pesos a Contabilidad y Soluciones INNER y más de 139 millones a Asesores Contables Administrativos VICMA, fueron desviados, puesto que dos años después, la Sedatu entregó al Centro Ciudad de las Mujeres una computadora con una aplicación que no era funcional y cuyo desarrollo formaba parte del servicio contratado con la universidad.
La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional a 144 horas para presentar datos de prueba a su favor como tres dictámenes diferentes para desacreditar la acusación.
El juez concedió el plazo solicitado, por lo que el próximo sábado realizará la continuación de la audiencia para resolver la situación jurídica del exsubsecretario.
