Durante 2017 el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, incumplió con su obligación de conducir la Política de Comunicación Social del gobierno federal, misma que fue inexistente, permitiendo que los entes públicos federales actuaran con discrecionalidad al momento de elaborar sus Programas Anuales de Comunicación Social, reveló la Auditoría Superior dela Federación (ASF).
En una auditoría forense publicada el miércoles 20, la ASF concluyó: “se presume que el Titular de la Segob incumplió la facultad indelegable de conducir la Política de Comunicación Social del Gobierno Federal al delegarla mediante un Acuerdo, a la DGNC” (Dirección General de Normatividad de Comunicación).
De acuerdo con la normatividad vigente, la DGNC debió formular los proyectos en materia de Política de Comunicación Social del Gobierno Federal y proponerlos al secretario de Gobernación para su aprobación, pero esto no ocurrió.
“Al haber incumplido la Segob con su facultad de emitir la Política de Comunicación Social del Gobierno Federal, no se tienen parámetros de comparación y resultados medibles de efectividad de alguna problemática y posibles soluciones”, además, “al ser insuficiente la Política de Comunicación Social del Gobierno Federal, se presume que los entes públicos que contaban con recursos autorizados para realizar la difusión de los mensajes incluidos en sus Programas Anuales de Comunicación Social y publicidad actuaron de manera discrecional“, afirmó la ASF en su reporte.
Además de incumplir con sus obligaciones, la Segob autorizó incremento de recursos para Comunicación Social a dependencias federales que en realidad no tenían recursos autorizados para ese fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017.
Lo anterior violó el Acuerdo por el cual indebidamente Osorio Chong, actual senador del PRI, delegó su facultad de conducir la Política de Comunicación Social del Gobierno Federal en la DGNC, que establecía que sólo las dependencias con recursos asignados en el PEF 2017 para Comunicación Social podían pedir un incremento de recursos para esa partida.
Al menos nueve dependencias federales proporcionaron información incorrecta a la Segob y le aseguraron que habían recibido recursos en el PEF 2017 para Comunicación Social, cuando no era así, con el objetivo de obtener incrementos presupuestales en esa partida.
Por ejemplo, el Fondo de Cultura Económica reportó recursos aprobados en el PEF 2017 para Comunicación Social por un monto de 10 pesos y solicitó un incremento de 2 millones de pesos; el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Desarrollo Social también reportaron a Segob recursos aprobados en el PEF 2017 por un monto de 10 pesos y solicitaron incrementos de 39 millones 997 mil 900 pesos y 598 millones 502 mil 600 pesos respectivamente; ninguna de las tres dependencias tuvo recursos aprobados en el PEF 2017 para Comunicación Social en realidad.
Otra de las irregularidades detectadas por la ASF fue que algunas dependencias federales utilizaron recursos aprobados en 2017 para pagar deudas de 2016. En total, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el INM, la Comisión Nacional del Agua, la Lotería Nacional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Consejo de Promoción Turística utilizaron 809 millones 373 mil 600 pesos del ejercicio 2017 para pagar adeudos del ejercicio 2016.
La Segob también incumplió con su obligación de reportar a la Cámara de Diputados todos y cada uno de los incrementos presupuestales autorizados en materia de Comunicación Social. Esto ocurrió con ocho dependencias: Consejo de Promoción Turística, Secretaría de la Defensa Nacional, Banco Nacional de Comercio Exterior, Autoridad Federal para el Desarrollo de Zonas Económicas Especiales, Aeropuerto y Servicios Auxiliares, Comisión Reguladora de Energía, Administración Portuaria Integral de Guaymas y Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios.
El monto total de incrementos autorizados por la Segob que no fueron reportados a la Cámara de Diputados ascendió, durante 2017, a mil 151 millones 685 mil 200 pesos.
En total, la ASF detectó probables daños a la Hacienda Pública por 2 mil 826 millones 40 mil 517 pesos.
Fuente: http://aristeguinoticias.com
