El exboxeador Julio César Chávez Jr. fue detenido el 2 de julio de 2025 en Studio City, California, por autoridades migratorias de Estados Unidos, acusado de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa y una célula relacionada con “Los Chapitos”. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calificó la detención como parte de un proceso acelerado de deportación hacia México.
De acuerdo con el comunicado de DHS, se le imputan presuntos delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas, municiones y explosivos. Además, se reveló que el boxeador ingresó legalmente al país en agosto de 2023 con una visa de turista B‑2, solicitando ciudadanía permanente a través de su matrimonio con una ciudadana estadounidense en abril de 2024. Sin embargo, su estancia se consideró ilegal tras detectar declaraciones fraudulentas, lo que motivó el inicio del procedimiento de deportación el 27 de junio de 2025.
La Fiscalía General de la República (FGR) de México confirmó que desde marzo de 2023 pesa sobre Chávez Jr. una orden de aprehensión vigente por delitos equivalentes, incluyendo tráfico de armas y crimen organizado, siendo notificada por las autoridades estadounidenses respecto a su captura.
Aunque en 2012 y 2024 ya había enfrentado cargos en Estados Unidos por conducir en estado inconveniente y posesión de armas de asalto, el caso actual se centra en sus nexos con Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. En particular, se evidencia un vínculo familiar directo con Ovidio Guzmán, tío de la hijastra de Chávez Jr., Frida Sofía, producto de una relación anterior con Édgar Guzmán López. En enero de 2023, Chávez Jr. reconoció públicamente conocer bien a Ovidio, describiéndolo como una “buena persona”.
La esposa de Chávez Jr., Frida Muñoz Román, también ha sido relacionada con el Cártel, aunque nunca enfrentó cargos formales. Ella compartió recientemente un mensaje en redes donde destacaba “la verdadera victoria es tener una familia que te ama y cree en ti”, en medio de la polémica que rodea al púgil.
A la espera de su comparecencia ante un juez federal en Estados Unidos, la autoridad migratoria insiste en su política de tolerancia cero hacia personas vinculadas a organizaciones criminales. Se prevé que la expulsión se concrete a través de un proceso sumario que las autoridades describen como “rápido” en casos de amenazas a la seguridad nacional.
El caso de Chávez Jr. reaviva el escrutinio sobre presuntas conexiones entre figuras públicas y redes delictivas, así como los mecanismos migratorios que permitieron su estadía prolongada en el país, incluso ante advertencias emitidas desde diciembre de 2024, cuando el Servicio de Ciudadanía e Inmigración estadounidense alertó sobre los riesgos que representaba para la seguridad pública si se le otorgaba residencia legal.
