Detienen a director de Grupo Vanguardia MX en Nuevo León

La SIP y el medio califican como arbitraria la detención del periodista Armando Castilla Galindo.

Monterrey, Nuevo León, México.- Este viernes, autoridades detuvieron en el aeropuerto de Nuevo León al periodista Armando Castilla Galindo, director general de Grupo Vanguardia MX. La aprehensión fue confirmada tanto por el propio medio de comunicación como por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que denunciaron el hecho como arbitrario e ilegal.

La SIP exigió la liberación inmediata del comunicador y el respeto irrestricto a las garantías legales y a la libertad de prensa, al advertir que el caso genera un clima de intimidación contra el ejercicio periodístico.

Por su parte, Grupo Vanguardia MX señaló que la detención resulta desproporcionada, injustificada y profundamente preocupante, y afirmó que evidencia un uso indebido del aparato de procuración de justicia, así como un sesgo alarmante en la aplicación de la ley.

Según el comunicado del medio, el origen del procedimiento sería una controversia de carácter mercantil relacionada con un inmueble ubicado en Saltillo, Coahuila, propiedad de la familia Castilla Galindo. Dicho bien forma parte de un proceso civil y se encuentra dado en garantía, sin que exista —hasta donde se conoce— un elemento penal que justifique la detención. Los abogados de la empresa, añadieron, no han tenido acceso a la carpeta de investigación.

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La empresa periodística subrayó que el delito que se pretende imputar no es considerado grave por la ley y no amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que cualquier intento de mantener privado de la libertad al periodista constituiría un abuso de poder y una violación al debido proceso.

Asimismo, advirtió que el caso sienta un precedente peligroso al utilizar el sistema penal para resolver disputas mercantiles, con el riesgo de dañar la reputación de directivos de medios y, en última instancia, silenciar a la prensa crítica.

Finalmente, compañeros de trabajo del comunicador exigieron a las autoridades actuar con legalidad, proporcionalidad y apego estricto al debido proceso, y reclamaron que el asunto sea atendido en el ámbito mercantil, que es el que —sostienen— corresponde, y no por la vía penal.

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