Ciudad Juárez.- El día de ayer, horas después de que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuviera cuatro órdenes de aprehensión contra funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) por su aparente vinculación con los homicidios y lesiones que sufrieron las víctimas en el incendio de la estancia provisional en Ciudad Juárez el 27 de marzo, tres de ellos fueron capturados en el estado de Chihuahua.
Juan Carlos Meza Cumplido, coordinador del Grupo Beta de Protección a Migrantes en Juárez, fue el primero en ser detenido por agentes de la Policía Federal Ministerial en la colonia Zona Pronaf Condominio La Plata minutos después de las 11 horas del 13 de abril.
Eduardo Apodaca Magallanes, jefe de departamento de recursos materiales del INM, fue capturado minutos más tarde a las afueras de las oficinas del Instituto en Ciudad Juárez, también por elementos ministeriales.
Finalmente, la agente de migración adscrita al Departamento de Operación, Seguridad y Custodia, Cecilia Rivera Tena, fue detenida al interior de un inmueble, posiblemente una casa, en el municipio de Ascensión.
Sin embargo, Salvador González Guerrero, el contralmirante en retiro que hasta la fecha sigue en el cargo de delegado en la Oficina de Representación del INM en Chihuahua, aún no ha sido aprehendido. González Guerrero fue identificado como el funcionario que ordenó dejar encerrados a los migrantes en el edificio de Ciudad Juárez, a pesar del incendio.
El comisionado que encabeza el INM, Francisco Garduño Yáñez, también está siendo investigado y se le imputará por incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos de homicidio y lesiones, ambos dolosos. Será el 20 de abril cuando el funcionario deberá comparecer ante la justicia.
Además, la Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero informó que existen dos líneas paralelas de investigación por el incendio en Ciudad Juárez. Una sobre el órgano encargado de las políticas migratorias y otra en el ámbito de la empresa de seguridad privada que había sido contratada para el resguardo de las instalaciones.
Este no es el primer siniestro que acaba con la vida de personas migrantes, lo que hace pensar que hay un patrón repetitivo de conductas omisas, en el que estarían evidenciadas las múltiples carencias en materia de protección civil, seguridad y defensa de los derechos humanos.
