Sandra Lucía Téllez Nieves, socia propietaria de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, fue detenida en el Centro de Detención de Eloy, Arizona, Estados Unidos, según informaron colectivos de familiares de las víctimas. La detención se habría realizado en cumplimiento con una ficha roja emitida por la Interpol, derivada de una orden de reaprehensión emitida en México. Esto ocurrió tras más de 16 años del trágico incendio en la guardería que costó la vida a 49 niños y dejó a más de 100 con lesiones graves.
Familiares de las víctimas han solicitado la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y del Fiscal General de la República para que se agilice la extradición de Sandra Lucía Téllez y pueda cumplir la sentencia definitiva impuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La condena que pesa sobre ella es de cinco años y seis meses de prisión por homicidio culposo y lesiones culposas en niños afectados por el siniestro.
Los familiares denunciaron que, hasta el momento, no han sido informados oficialmente por las autoridades mexicanas sobre la detención, lo que ha generado desconfianza y preocupación. También alertaron que los abogados de Téllez Nieves han iniciado un trámite para solicitar asilo político en Estados Unidos, alegando persecución, argumento rechazado por los colectivos, quienes sostienen que se trata de un proceso judicial por delitos graves y no un caso político.
El incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC fue una de las tragedias más dolorosas de México, en la que se evidenciaron múltiples irregularidades, entre ellas la falta de medidas de seguridad y presuntos vínculos de los propietarios con funcionarios públicos. Desde entonces, los familiares han denunciado impunidad, protecciones políticas y lentitud en la justicia.
Actualmente, también se señala que otro propietario prófugo, Antonio Salido Sánchez, podría estar en Estados Unidos, lo que representa un desafío adicional para las autoridades mexicanas y los colectivos de víctimas. Los familiares exigen que no se permita ninguna maniobra para evadir el cumplimiento de las condenas y que se garantice justicia plena para los niños y sus familias.
Este caso sigue siendo un tema sensible en la opinión pública mexicana y un recordatorio de la importancia de la vigilancia y responsabilidad en la gestión de estancias infantiles, así como del compromiso del Estado para garantizar la justicia y el respeto a los derechos humanos en tragedias de esta magnitud.
