Tras más de 15 meses de gozar de libertad condicional, Emilio Lozoya Austin quedó preso ayer en el Reclusorio Norte por decisión judicial y a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), de Pemex y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El ex director de Pemex enfrentará juicio por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa.
Es el primer alto funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto en ser encarcelado por actos de corrupción vinculados con la constructora brasileña Odebrecht, la cual le entregó 10.5 millones de dólares que, según dijo Lozoya a la FGR, se destinaron a algunos compromisos de la campaña del ex mandatario priísta y a sobornos a legisladores para que avalaran la reforma energética en 2013.
En la audiencia de ayer, la FGR argumentó que en todo el tiempo que permaneció libre, Lozoya no hizo intentos por reparar el daño causado al erario, estimado en más de 5 millones de dólares, tuvo un comportamiento omiso y evasivo para colaborar con la autoridad, y los delitos cometidos, en caso de ser sentenciado, alcanzarían penas de 12 a 35 años de cárcel.
A las ocho de la mañana, el juez José Artemio Zúñiga Mendoza llegó al Reclusorio Norte y se dirigió a la sala de audiencias. Minutos después se presentaron los representantes de la FGR, Pemex y la UIF, quienes antes de su arribo se reunieron y prepararon la estrategia que desarrollarían en este caso.
Analizaron las redes de vínculos que Lozoya tejió de 2012 a 2015, que derivó en la entrega de 10.5 millones de dólares de Odebrecht para obtener contratos, y que también distribuyó entre legisladores de diversos partidos políticos.
Una hora y 10 minutos después del juez arribó el ex director de Pemex acompañado por su madre, Hilda Austin de Lozoya, y tres de sus defensores, a bordo de una camioneta Tahoe, blindada.
Faltaban 20 minutos para que se iniciara la diligencia, que parecía de trámite, ya que en apariencia sólo se discutiría si se ampliaba el plazo para el cierre de la investigación complementaria, cuando el conductor del vehículo trató de ingresar hasta la zona de juzgados, pero los policías preventivos lo impidieron.
Desde que la camioneta llegó a la reja de acceso al estacionamiento del área de juzgados federales, el abogado Miguel Ontiveros buscó que se diera trato preferencial a su cliente y no quedara expuesto a los medios de comunicación, pero los guardias dispusieron que entrara como cualquier ciudadano: caminando, sin escoltas, y que su vehículo fuera estacionado en la calle.
Lozoya palideció cuando su defensor le dijo: “lo siento, tiene que bajarse”. Decenas de reporteros, cámaras y micrófonos rodearon el vehículo y dificultaron el descenso del ex funcionario, quien trató de que su rostro no quedara registrado. Rápido, tropezando y a empujones entró junto con su madre al área de estacionamiento y buscó ocultarse tras las paredes de la caseta de vigilancia. Fue inútil.
Se registró así su primera comparecencia física ante un juez mexicano, y la última en libertad. Seis horas más tarde el juez le informó que consideraba procedente la petición de la FGR de que se le cambiara la medida cautelar de libertad por prisión preventiva necesaria ante el riesgo de que se fugara.
Desde que arrancó la audiencia, a las 10:12, la defensa solicitó que el juez Zúñiga le concediera dos meses para obtener pruebas procedentes de Brasil. Pidieron que el gobierno de ese país les informe si se mantienen vigentes los beneficios de libertad y no enjuiciamianto en otras naciones para los directivos de Odebrecht que sobornaron al ex director de Pemex.
Hasta allí, todo iba dentro de lo que los defensores de Lozoya esperaban. Sin embargo, los representantes de FGR, Pemex y UIF se unieron y demandaron que el juez decretara el cierre de la investigación complementaria, y con ello se fijara la fecha para la audiencia de imputación y se siguiera con el desahogo de pruebas. Aunque todo ello ocurriría en los siguienes tres meses. Tras una hora de debate, los representantes del gobierno federal también solicitaron el cambio de medidas cautelares.
Esto, porque en las investigaciones complementarias descubrieron que el ex director de Pemex posee una cuenta bancaria con 2 millones de euros, así como una red de familiares fuera del país y muchos amigos y empresarios que podrían apoyarlo si se evadía nuevamente.
Estas transferencias de recursos las realizó por conducto de un banco en Suiza, para lo que utilizó la empresa Zacapa, de la cual fue accionista mayoritario, y sirvió para realizar los movimientos relacionados con los recursos que le dio Odebrecht.
Al principio de la audiencia, Lozoya sonreía ante las palabras de los fiscales y representantes de la UIF y Pemex. A momentos volteba a ver a sus defensores y luego a sus acusadores. Justamente ayer, el Consejo de la Judicatura Federal reabrió al público y a la prensa las audiencias de carácter penal.
José Antonio López García, representante de la UIF, criticó la conducta de Lozoya, particularmente su presencia en un restaurante de lujo el pasado 9 de octubre: “no se ajusta al comportamiento de una persona sujeta a proceso penal y, si bien no tiene impedimento, su presencia en el restaurante es una provocación a las instituciones públicas, porque ha sido interpretado por la ciudadanía como que ciertas personas imputadas en casos sensibles pueden obtener medidas cautelares y otras no. Su cena con empresarios es una muestra de las redes de ayuda que podría utilizar para salir de México, y cuenta con recursos personales suficientes para hacerlo”.
De julio de 2020, cuando llegó extraditado de España, hasta ayer, nunca había acudido ante un juez ni pisado un juzgado en el país. Durante ese lapso, se había comprometido a aportar información para llevar ante la justicia a otros ex funcionarios y legisladores que se habrían beneficiado de los sobornos de Odebrecht.
“Fue evasivo y grosero”
Pero el fiscal dijo: “no ha hecho el mínimo intento ni ha sostenido pláticas para pagar reparación del daño de 7 millones 385 mil dólares, que es un requisito indispensable para que la fiscalía pueda negociar el criterio de oportunidad que le permita la inmunidad penal.
“Su actitud ha sido evasiva, grosera, y no ha manifestado su intención de reparar el daño, por lo que no es posible que en esas condiciones se le otorgue un criterio de oportunidad, al no reparar el daño; sólo ha logrado que el proceso se haya alargado de manera injustificada, por eso es que estamos ante una necesidad de cautela muy elevada.”
Para entonces Lozoya ya se mostraba nervioso. Se revolvía en su silla y a momentos su rostro enrojecía. Veía a sus abogados una y otra vez; se tocaba la cara y se tallaba los ojos. Para confortarlo, su madre le extendía las manos y él las tomaba.
Por su parte, el juez Zúñiga Mendoza anotaba los datos y argumentos de los representantes federales.
La FGR agregó: “hasta hoy, ninguno de los imputados ha cumplido con los requisitos para obtener un criterio de oportunidad”, y secundando la necesidad de que fuera encarcelado, el representante de la UIF señaló que tiene varias investigaciones abiertas en su contra, que en su momento pueden ser judicializadas. Ante ese hecho y la posibilidad de fuga, se une a la petición de prisión preventiva justificada, dijo.
A las 11:45, el impartidor de justicia determinó que el plazo para el cierre de la investigación complementaria sea de 30 días, por lo que la próxima audiencia se fijó para el 3 de diciembre. Aunque atendió lo expuesto por la FGR en cuanto a que“los documentos que alude la defensa para solicitar el plazo adicional ya se encuentran en la carpeta de investigación”, el juzgador declaró: “se sustenta lo anterior en los derechos a la defensa y debido proceso”.
Luego, instó a la fiscalía a agotar los medios para obtener el dato solicitado para la investigación y anunció que aceptaba revisar las medidas cautelares que se habían otorgado a Lozoya. A petición de la defensa, se decretó un receso de 30 minutos. Lozoya abrazó a su madre, mientras los fiscales y los funcionarios judiciales abandonaban la sala.
A las 12:30 reinició la diligencia y Lozoya tomó la palabra, dijo ser “inocente” de los cargos que le imputa la FGR. Ante la posibilidad de ser encarcelado y el señalamiento de que no dio muestras de mantener su acuerdo de testigo colaborador, afirmó que su defensa se mantenía en la búsqueda de arreglo para reparar el daño causado por haber recibido sobornos de Odebrecht, “aunque no haya tenido responsabilidad”. Inmediatamente entregó, como “acto de buena voluntad”, las escrituras de dos residencias, que cubren lo que la FGR le solicita como reparación del daño, según dijo.
Lozoya hizo esos señalamientos a pesar de que los directivos de Odebrecht declararon ante jueces en Estados Unidos y Brasil, y confirmaron a la FGR, haber entregado 10.5 millones de dólares a Lozoya a cambio de que los beneficiara con contratos, los vinculara con políticos mexicanos y posibilitara la asignación de obra pública en diversos puntos del país entre 2012 y 2015.
Para entonces ya eran las 3 de la tarde y el juez informó a las partes que daba por terminado el debate y resolvería sin tomar un receso.
A las 15:30 todo estaba listo para la resolución. La solicitud de la FGR de que se dictara prisión preventiva necesaria ante la posibilidad del riesgo de fuga se veía inminente, ya que el juez recordó a los fiscales que en la audiencia de julio de 2020 les comentó sorprendido que no pidieran la medida cautelar, y que él consideraba que las condiciones no habían cambiado. “Subsisten las circunstancias; las medidas cautelares no implican un derecho adquirido, además de que es necesario precisar que el criterio de oportunidad que negocia el imputado no se ha materializado y existe la posibilidad de evadirse de la justicia, ya que hay una red de ayuda y cuenta con los recursos suficientes, por ello voy a establecer que hay un elevado nivel de cautela y va usted a estar en prisión preventiva justificada en el Reclusorio Varonil Norte”.
En ese momento, una vez más Hilda Austin tomó la mano de su hijo, quien estaba pálido y su rostro se había endurecido.
El juez pidió a la FGR garantizar que Lozoya fuera instalado en una celda alejada del área donde se encuentra el ex senador panista Jorge Luis Lavalle, uno de los acusados por el ex director de Pemex de haber recibido sobornos para votar por la reforma energética en 2015.
El lunes se realizará la audiencia de Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PAN, acusado de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos con procedencia ilícita, a partir de las revelaciones de Lozoya. El juez ha solicitado que el panista esté presente.
