En una sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el diputado Alejandro Robles Gómez, perteneciente a Morena, hizo una declaración en la que amenazó con “obradorizar” el Poder Judicial, como respuesta a los recientes fallos en contra del Gobierno de la Cuarta Transformación.
Durante su discurso, el legislador morenista acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de obedecer a “intereses bastardos” y de carecer de legitimidad. Además, señaló la necesidad de llevar a cabo un proceso de elección de ministros y ministras que rindan cuentas al pueblo de México y que no sigan en la oscuridad, emitiendo resoluciones incomprensibles para la población.
“Esto es lo que implica hoy el Plan C. Y si no les gusta, iremos más allá: no nos conformaremos con una reforma profunda al Poder Judicial, haremos la Constitución humanista que México requiere en el siglo XXI. Y vamos a obradorizar el Poder Judicial, porque debe vivir en la justa medianía”, afirmó Robles Gómez.
El coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Julén Rementería, respondió al discurso del diputado morenista calificándolo como una tontería. Rementería expresó su rechazo a la idea de “obradorizar” el Poder Judicial y afirmó que es necesario modificarlo, pero no de esa manera.
“Una joya lo que escuché hace rato. Una verdadera joya. Tenemos que modificar el Poder Judicial de este país, hay que obradorizarlo. No me chinguen, no me chinguen, no puede ser esto”, declaró Rementería. “Lo que no quieren es que se haga justicia, lo que quieren es que sea a modo (…) Nunca, ni en mis mejores sueños pensé que oiría semejante tontería”, agregó.
Cabe mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió dar efectos generales a la invalidez del decreto que blindaba la información de los “proyectos prioritarios” del presidente Andrés Manuel López Obrador, al considerarlos como de “seguridad nacional e interés público”. Esta decisión fue tomada por 6 de los 11 ministros del pleno de la SCJN, en respuesta a una controversia constitucional emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
El Inai argumentó que dicho acuerdo era inconstitucional y obstaculizaba el acceso a la información por parte de los ciudadanos mexicanos, quienes no podrían realizar solicitudes de información sobre obras como la Refinería Olmeca o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, entre otros proyectos prioritarios del gobierno.
