Este miércoles, el diputado de Morena, Alejandro Robles, presentó una iniciativa ante la Comisión Permanente con el objetivo de impedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva controversias relacionadas con las obras emblemáticas del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
La propuesta busca modificar el artículo 105 de la Constitución, el cual establece que la Corte tiene competencia para analizar la constitucionalidad de normas generales, excepto en materia electoral. El texto añade una restricción adicional, impidiendo que el máximo tribunal pueda intervenir en asuntos relacionados con “las obras estratégicas del Estado mexicano”.
Durante la exposición de argumentos a favor de la iniciativa, el diputado Robles señaló directamente al panista Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, acusándolo de intentar obstaculizar las obras del presidente López Obrador. En el texto presentado, se menciona que “hay actores como Santiago Creel que están buscando obtener beneficios políticos mediante argumentos falsos relacionados con el derecho a la información”.
El morenista hizo referencia a un fragmento en el que Creel afirmaba haber presentado una controversia constitucional contra el decreto del presidente que declaraba como de seguridad nacional las megaobras. Ante esto, Robles calificó el argumento de Creel como falso, afirmando que “no se aprecia que se esté realizando una reserva anticipada y generalizada de información”.
Cabe mencionar que el 18 de mayo, la SCJN invalidó un decreto emitido en 2021 por el presidente López Obrador, el cual declaraba de interés público y de seguridad nacional la información sobre las obras de infraestructura del gobierno. No obstante, ese mismo día, el mandatario publicó un nuevo decreto en el cual consideraba al Tren Maya y al Corredor Interoceánico como proyectos de seguridad nacional.
Esta propuesta presentada por el diputado Robles ha generado debate y controversia en el ámbito político, pues diversos sectores argumentan que limitar la intervención de la SCJN podría afectar la división de poderes y la transparencia en las decisiones gubernamentales relacionadas con las obras de infraestructura en México.
