En una sesión marcada por el caos y la controversia, los diputados de la supermayoría calificada de Morena, PT y PVEM llevaron a cabo la aprobación de la reforma al Poder Judicial, a pesar de las protestas y bloqueos en el Palacio Legislativo. La presidenta de la Cámara, Ifigenia Martínez, y la Junta de Coordinación Política decidieron trasladar la sesión al gimnasio de la Sala de Armas en la Magdalena Mixhuca, facilitado por la alcaldía de Iztacalco, debido a la imposibilidad de acceder a la sede habitual.
Los líderes parlamentarios de la mayoría aseguraron que contarían con los votos necesarios para aprobar la reforma, que solo presenta cambios de forma y técnica legislativa, desestimando las 610 reservas presentadas por la oposición, compuesta por el PAN, PRI y MC. En medio de un ambiente tenso, el vicecoordinador panista, José Lixa, calificó la sesión de “ilegal y espuria”, mientras que diputadas del PAN denunciaron que esta reforma representa el “fin de la República”.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, defendió la necesidad de la reforma, argumentando que busca blindar al Poder Judicial de la influencia del crimen organizado y mejorar su funcionamiento. La reforma propone, entre otros cambios, la elección por voto popular de jueces y magistrados, la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9 y un plazo máximo de seis meses para que se dicten sentencias.
A pesar de las críticas y advertencias de sectores nacionales e internacionales, la aprobación de esta histórica reforma se perfila como un hecho inminente, marcando un cambio significativo en la estructura del sistema judicial del país.