Con 355 votos a favor de Morena, sus aliados y Movimiento Ciudadano, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que exenta a las Fuerzas Armadas y empresas estatales como Pemex y CFE de la obligación de transparentar las obras públicas cuando sean consideradas “prioritarias” o “estratégicas”. La oposición, que votó en contra, advierte que esta medida fomenta la corrupción y el amiguismo en la adjudicación de contratos.
La reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ahora enviada al Senado, elimina la obligación de celebrar convenios cuando el costo o el plazo de un contrato aumente más del 25%. También eleva del 25% al 50% el porcentaje que los contratistas pueden solicitar como ajuste en costos indirectos y de financiamiento.
Además, introduce nuevos mecanismos de contratación, como las “ofertas subsecuentes de descuento”, que permiten a contratistas modificar sus propuestas tras presentarlas, y los “diálogos estratégicos”, donde funcionarios y empresas podrán negociar términos y objetivos de los proyectos antes de adjudicar los contratos.
Mientras Morena sostiene que la reforma busca fortalecer la transparencia en la contratación pública, legisladores del PAN y PRI advierten que esta medida aumentará la opacidad y beneficiará a empresas cercanas al gobierno.
“Lo que va a pasar es esto: la Presidenta acaba de anunciar que se van a construir siete hospitales y lo hará mediante convenios con la Sedena. A estas obras no les aplicará la Ley de Obras Públicas. Esto beneficiará a los amigos del oficialismo”, señaló Héctor Saúl Téllez, del PAN.
Por su parte, Arturo Yáñez, del PRI, afirmó que la reforma institucionaliza la corrupción al eliminar mecanismos de vigilancia y control en la asignación de obras.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tendrá un presupuesto de más de 236 mil millones de pesos entre 2025 y 2026 para administrar y operar proyectos estratégicos. El 96% de estos recursos serán destinados al desarrollo de trenes de carga y pasajeros, según los PreCriterios Generales de Política Económica presentados recientemente.
La reforma ha generado un intenso debate, ya que la transparencia en la adjudicación de contratos ha sido un tema recurrente en la administración pública mexicana. Ahora, la discusión se traslada al Senado, donde la oposición intentará frenar la medida.
