Con 321 votos a favor y 125 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma que elimina el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y crea en su lugar Transparencia para el Pueblo, un organismo dependiente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Este nuevo ente será responsable de atender las inconformidades de los ciudadanos ante la negativa de acceso a la información pública.
La reforma, que expide tres leyes y modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que el titular del nuevo organismo será designado por la Presidencia de la República, eliminando el esquema actual de comisionados, lo que significa que sus decisiones no serán colegiadas.
Además, la iniciativa obliga a cada sujeto obligado a formar un Comité de Transparencia que garantice el acceso a la información y la protección de datos personales. Sin embargo, las instituciones de seguridad y de procuración de justicia estarán exentas de esta supervisión.
Uno de los puntos más controvertidos es la posibilidad de reservar información por cinco años, con opción a una prórroga por el mismo periodo, si se considera que su divulgación pone en riesgo la seguridad nacional, la paz social o proyectos estratégicos del Estado.
Pese a las críticas de la oposición y tras rechazar 105 reservas, la reforma fue aprobada en lo particular con 330 votos a favor y 126 en contra, siendo enviada al Ejecutivo federal para su promulgación.
Críticas de la oposición
El panista Éctor Jaime Ramírez Barba calificó la reforma como un “ataque frontal a la transparencia”, argumentando que el nuevo órgano estará bajo el control del Ejecutivo federal, lo que lo convierte en “juez y parte”. Señaló que el cambio genera un “laberinto burocrático” al crear 275 instancias distintas para atender solicitudes de información.
Ramírez Barba advirtió que la reforma permitirá al Gobierno reservar información sobre temas sensibles como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o la compra de medicamentos, bajo el argumento de preservar la paz social o el interés del Estado.
Por su parte, el priista Arturo Yáñez afirmó que la reforma centraliza el control de la información en el Ejecutivo federal y elimina el derecho a presentar solicitudes anónimas, lo que pone en riesgo a periodistas y ciudadanos críticos.
Desde Movimiento Ciudadano, Irais Reyes sostuvo que la reforma es un retroceso que devuelve al país a una etapa en la que la información pública estaba protegida por los intereses del poder. Criticó que el titular de Transparencia para el Pueblo será designado exclusivamente por la Presidencia, eliminando la intervención del Congreso.
La defensa de Morena
En contraste, la morenista Claudia Rivera defendió la reforma, calificándola como un paso necesario para acabar con lo que llamó “un instituto caro, burócrata y opaco”. Afirmó que el nuevo organismo garantizará una verdadera transparencia con un marco legal más claro y accesible para la ciudadanía.
“La Cuarta Transformación no le tiene miedo a la transparencia”, aseguró Rivera, quien insistió en que el INAI fracasó debido a la corrupción de algunos de sus integrantes.
Con la aprobación de esta reforma, el acceso a la información pública en México quedará bajo un nuevo esquema de control presidencial, mientras diversos sectores advierten sobre los riesgos que esto representa para la transparencia y la rendición de cuentas.
