Con 290 votos a favor —de las bancadas de Morena, PT, PES, PRI y Verde—, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para que cuando no haya condiciones para una licitación pública nacional en México, el Presidente de la República o cualquier dependencia federal puedan acudir al extranjero a adquirir equipo médico, medicinas, vacunas o servicios.
Este dictamen tuvo 71 votos en contra de las bancadas del PAN, MC y PRD, pues argumentaron que se afectaría al sector farmacéutico nacional, se perderían empleos y dichas compras se harían sin un control ni transparencia.
En tanto, el Senado recibió anoche la minuta de reformas en materia de compra de medicamentos en el extranjero y con “la dispensa de todos los trámites”, de inmediato, y de manera sorpresiva para las bancadas, se abrió el debate de las modificaciones, se emitió la votación y se envió el decreto al Ejecutivo para su promulgación.
Al fijar su posición en San Lázaro, Morena y el PT argumentaron que con esta reforma se rompe el monopolio de que el gobierno federal debe adquirir medicinas caras, de mala calidad, además de que se acabará con el desabasto de muchos medicamentos y acusaron que hay expolíticos que se dedican a vender medicamentos al gobierno.
Este dictamen fue avalado el miércoles 22 de julio por la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, pero fue modificado completamente con una redacción nueva que presentó el diputado petista José Luis Montalvo Luna para que el párrafo quinto al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público quede así: “Queda exceptuada de la aplicación de la presente ley, a la adquisición de bienes o la prestación de servicios para la salud que contraten las dependencias y/o entidades con organismos intergubernamentales internacionales a través de mecanismos de colaboración previamente establecidos, siempre que se acredite la aplicación de los principios previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupcion, Óscar González Yáñez (PT), pidió perdón a todos los integrantes de su órgano legislativo por no haber hecho un debate más profundo de este dictamen, pero justificó la necesidad de su aprobación por la situación de emergencia en la que está el país; rechazó que peligren empleos.
“La idea central es dotar al Ejecutivo de los instrumentos necesarios para que se puedan comprar medicamentos fuera de nuestro país, cosa que en este momento no se permitía. Con esto rompemos un monopolio de medicamentos. Sé que muchos empresarios de la industria farmacéutica, de las medicinas, han hecho comentarios planteando su desacuerdo con esta iniciativa, pero también lo cierto es que la mayoría de los empresarios de la medicina ni son pobres y han ganado una cantidad muy grande de dinero con estas compras”, dijo el petista.
También, el líder de la bancada de Morena, Mario Delgado, dijo que con esta reforma el gobierno de México tendrá la opción de comprar insumos, equipo médico y medicinas a través de organismos internacionales, en este caso con la Organización Mundial de la Salud, y así asegurar el abasto de medicamentos, a buen precio, de buena calidad y no echados a perder.
La diputada panista Martha Elisa González dijo que la 4T concretó uno de los más lamentables agravios a la salud de los mexicanos, porque se ponen en riesgo 100 mil empleos directos y 500 mil indirectos de la industria farmacéutica, y criticó que el gobierno haya hecho 66% de las compras de medicamentos con adjudicación directa.
En tanto, Ximena Puente (PRI) dijo: “Que esta reforma sirva para llevar medicamentos más baratos, pero, sobre todo, de calidad, de manera oportuna a los mexicanos que así lo requieren”.
Debate en el Senado
El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, calificó la reforma como innecesaria, e informó que promoverá una acción de inconstitucionalidad.
Dijo que esta es una ley que se vota después de un chasquido del Titular del Ejecutivo, a lo cual, más adelante, Rubén Rocha Moya (Morena) contestó: “El chasquido del Presidente es porque quiere garantizar el derecho a la salud de los mexicanos”, y en ese sentido “ir en contra es ir contra las vacunas”.
Alejandra Reynoso Sánchez (PAN) dijo que el proyecto legislativo por votar “es de baja calidad” y se eliminan las licitaciones, y con ello se abre margen a la corrupción de la llamada Cuarta Transformación.
Beatriz Paredes Rangel (PRI) expresó que no avalará más “con mi silencio” una política de Estado ineficaz y sin rumbo, que incurre en gravísimos errores.
Dio cuenta de que en el problema de la pandemia cambian datos, los maquillan, ofenden la inteligencia con una “curva” que no se aplana, mientras que la Secretaría de Salud sigue su rol político-electoral.
Fuente: http://www.eluniversal.com.mx
