Diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentaron una demanda de juicio político contra los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por negarse a reducir sus salarios. Los nombres de los ministros involucrados en la demanda fueron mencionados, incluyendo Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek, entre otros.
La demanda fue anunciada por el diputado de Morena, Manuel Alejandro Robles, quien junto a otros compañeros de bancada busca responsabilizar a los ministros por presunta violación sistemática del artículo 127 constitucional, al no disminuir sus sueldos y obtener amparos. Esta medida va en contra de la “austeridad republicana”, una de las principales promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien impulsó la reforma legal para reducir los sueldos de altos funcionarios públicos en noviembre de 2018.
En 2019, la Suprema Corte invalidó la reforma tras controversias constitucionales, pero en 2021, el Congreso aprobó una nueva versión con modificaciones. A pesar de ello, la SCJN aclaró que los salarios de los ministros no pueden ser reducidos por actos provenientes de otros poderes. Sin embargo, la Corte mencionó que los propios ministros habían optado por una autorregulación y redujeron voluntariamente su salario en un 25% desde enero de 2019.
La titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, también pidió a la SCJN un informe sobre las acciones tomadas para cumplir con el mandato de que ningún funcionario gane más que el presidente. Cabe mencionar que, según la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en México está prohibido que los funcionarios reciban un sueldo mayor al del presidente.
Con esta demanda, los diputados buscan que los ministros de la SCJN se ajusten a lo establecido en la Constitución y cumplan con las medidas de austeridad propuestas para el servicio público. La situación continúa generando controversia y debate sobre el equilibrio entre el poder judicial y los principios de remuneración establecidos en la ley.
