Luego de un año de jaloneos, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior que regula la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado en municipios y estados.
Aprobada vía fast track, primero en comisiones y luego en el pleno, diputados de oposición denunciaron que el ordenamiento es inconstitucional y promueve la violación de los derechos humanos y la militarización del país, lo que una y otra vez negó el PRI.
La ley precisa que el Ejecutivo Federal podrá intervenir a nivel local a través de una declaratoria de protección a la seguridad interior, la cual no debe exceder de un año, aunque podrá prorrogarse si persiste la amenaza.
Las manifestaciones de tipo social no serán consideradas como amenaza.
El dictamen fue turnado al Senado para su análisis.
Al PRI y PVEM se unieron algunos diputados del Frente Ciudadano, en cuyos estados campea el crimen.
A 15 días de que finalice el periodo ordinario de sesiones, y tras un año de jaloneos, el PRI y sus aliados ejercieron su mayoría en la Cámara de Diputados y aprobaron la polémica Ley de Seguridad Interior, que regula la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado.
La Ley se aprobó ayer en fast track, primero en la Comisión de Gobernación y posteriormente en el Pleno, donde hubo todo tipo de críticas, pues la oposición al Gobierno Federal enfatizó que el ordenamiento es inconstitucional y promueve la violación a los derechos humanos y la militarización del país, lo que una y otra vez negó el PRI.
El ordenamiento fue aprobado en lo general por el Pleno con 248 votos en favor, 115 en contra y 48 abstenciones, pero la oposición se reservó todos los artículos. Luego de cinco horas de discusión y 64 oradores, se avaló en lo particular con 215 votos en favor, 101 en contra y cuatro abstenciones.
Dicha ley destaca que el Poder Ejecutivo Federal podrá intervenir a nivel local a través de una declaratoria de protección a la seguridad interior. La declaratoria debe precisar qué amenaza se va a combatir, por cuánto tiempo, los elementos que serán responsables de ello y la zona para operar, entre otros puntos.
Especifica que la intervención del gobierno federal no podrá exceder de un año, pero si persiste la amenaza a la seguridad interior puede haber prórrogas, siempre y cuando se motive y justifique la continuidad de las acciones.
Será el Presidente de la República por sí o a petición de las legislaturas locales, o en su defecto de gobernadores, el que ordene la intervención de la Federación; sin embargo, la procedencia de la declaratoria se pondrá a consideración del Consejo Nacional de Seguridad, con lo que se busca que las acciones no sean tomadas de manera unilateral.
De aceptarse la intervención, la declaratoria se expedirá dentro de las 72 horas siguientes a la solicitud y se deberá informar de ello a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), además de publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en periódicos y gacetas de las entidades afectadas.
La ley, que fue turnada al Senado de la República para su análisis y votación, recalca que en ningún caso las acciones de Seguridad Interior sustituirán a las autoridades de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias ni eximirá a dichas autoridades de sus responsabilidades.
Se toman como amenazas a la seguridad interior aquellas que afecten la estabilidad de las instituciones y dañen gravemente a la población; las epidemias y demás contingencias que afecten la salubridad general, y las actividades que mermen los deberes de colaboración de las entidades federativas y municipios en materia de seguridad. En ningún caso se tomarán como amenaza las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente.
FRENTE DIVIDIDO
El Frente Ciudadano por México se dividió en esta ocasión al no ir en bloque en contra de la Ley. En la votación en general hubo 14 panistas que votaron en favor y 48 se abstuvieron, mientras que 17 votaron en contra y 30 simplemente no acudieron a la sesión. Dos integrantes del PRD, Waldo Fernández y Ángel Alanís, votaron en favor. Los legisladores que emitieron su sufragio en el mismo sentido que el PRI representan a entidades federativas que tienen una fuerte presencia del crimen organizado.
El panista Jorge Triana recordó que con Felipe Calderón se planteó una ley en la materia, pero bien hecha, la cual no aceptó el PRI por mezquindad.
“Hoy el PRI desea que regresemos en el pasado, el PRI, señoras y señores, se ha vuelto más calderonista que Felipe Calderón en materia de seguridad pública”, exclamó.
Mientras que el perredista Rafael Hernández enfatizó: “Las Fuerzas Armadas son una fuerza letal, no es una fuerza que proteja, es una fuerza que mata, que asesina y las están aventando ustedes al escenario donde está la sociedad”.
Critican a la CNDH
Los priistas no sólo arremetieron contra la oposición, también contra la Comisón Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), institución que advirtió que el ordenamiento favorece el uso discrecional de las Fuerzas Armadas en el combate contra la delincuencia organizada.
“A menos de que la CNDH a lo que le tema es que hoy, que ya se les va a vincular con la declaratoria al notificarles, es a tener mayor trabajo y necesidad de intervención, o a menos de que le acomode que las actuaciones que estén realizando sean y se sigan realizando al margen de la ley”, dijo Martha Tamayo.
“Esta ley no militariza al país, ya que no limita ni mucho menos tolera la violación de los derechos humanos y sus garantías”, recalcó la priista Mercedes Guillén, presidenta de la Comisión de Gobernación.
Fuente: http://www.excelsior.com.mx
