En medio de la trama de corrupción que envuelve a la administración de las pensiones en San Luis Potosí, emerge el caso de Gregoria Martínez Onofre, una trabajadora burócrata de Gobierno del Estado cuyo ascenso y riqueza despiertan sospechas y controversias.
Martínez Onofre, proveniente del humilde pueblo de Maravillas en Mexquitic de Carmona, junto con su hermano Tereso, se estableció en San Luis con la modesta intención de vender frutas en el Mercado de Abastos. Sin embargo, hoy en día, la realidad apunta hacia una historia diferente, marcada por el enriquecimiento súbito y cuestionable.
Según el Registro Público de la Propiedad, Gregoria Martínez Onofre, posee propiedades en diversos fraccionamientos de lujo, entre ellos Villa Magna, Las Mercedes, Prados de San Vicente segunda sección, Villas del Mezquital, Quintas de la Hacienda y San Francisco. Además, se destaca su posesión de una lujosa camioneta Mercedes Benz, sin placas, que deja diariamente en el estacionamiento del edificio de Pensiones del Estado.
Las dudas sobre la legitimidad de sus logros no se detienen ahí. La información revela que Martínez Onofre obtuvo su título en derecho de una universidad cuestionable, supuestamente financiada por Francisca “La Paca” Reséndiz. A pesar de alardear sobre su experiencia docente en la Universidad San Pablo y un año de máster en derecho privado, los títulos correspondientes brillan por su ausencia en su magro currículum, accesible en la web de la CEGAIP.
El escándalo de fraude en Pensiones, destapado por el Notario Eduardo Martínez Benavente en 2013, puso a Martínez Onofre en el ojo del huracán. Francisca Reséndiz, al parecer, aprovechó la situación para orquestar protestas sindicales a su favor. A medida que se desvelaba la magnitud de la pérdida millonaria en inversiones extranjeras, las conexiones de Martínez Onofre con empresas vinculadas a Sánchez Zumaya y su socio comprador salieron a la luz.
La trama se complica aún más al descubrir que Gregoria es socia en un negocio inmobiliario junto a su hermano Tereso y Francisca Reséndiz, denominado “Servicios Integrales Onofre”. Las prácticas cuestionables se extienden incluso a abusos inmobiliarios por parte de Tereso Martínez Onofre, quien, según las acusaciones, se aprovecha de ancianas necesitadas al ofrecer sumas ínfimas por sus propiedades.
El papel de Francisca “La Paca” Reséndiz no queda exento de controversia. Las acusaciones apuntan a su participación activa en la sustracción ilícita de documentos del edificio de Pensiones, con la ayuda de afiliados sindicales. Se plantea la necesidad de una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía del Estado para esclarecer su posible complicidad en estos actos.
El sindicato SITTGE, liderado por Ana Verónica López, se ve sumido en la confusión y la ilegalidad, con acusaciones de usurpación ilegítima de liderazgo. Los boletines emitidos por el sindicato, acusando al gobernador de pactos con ex gobernadores, parecen ser una cortina de humo para ocultar las acciones delictivas de “La Paca” Reséndiz.
En medio de este enigma de corrupción, San Luis Potosí espera respuestas claras y acciones contundentes por parte de las autoridades para restaurar la confianza en las instituciones y asegurar que la justicia prevalezca sobre la impunidad.
