La elección del presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se vió amenazada por una serie de irregularidades que surgieron durante el proceso. Estas acciones cuestionables y preocupantes plantearon serias dudas sobre la integridad y la transparencia de la competencia interna del partido.
Uno de los principales problemas que surgieron fue la falta de equidad y las manipulaciones en el proceso electoral. Los cambios de horario en la convocatoria del Consejo Político, realizados sin acuerdo previo, generaron un terreno desigual para los candidatos. Estas alteraciones repentinas perjudicaron a aquellos aspirantes que no fueron informados con anticipación, creando un ambiente poco propicio para una competencia justa.
Las acusaciones de que Sara Rocha “sembró” consejeros políticos estatales nuevos, sin que estos hayan tomado protesta, así como el desconocimiento de algunos consejeros sin razones justificadas, son motivo de gran preocupación. Estas acciones levantan serias interrogantes sobre la legitimidad y la representatividad de los miembros del Consejo Político, socavando la confianza en el proceso de toma de decisiones del partido.
En cuanto a la asamblea general extraordinaria electiva del Consejo Político Estatal, la principal irregularidad se relacionó con el cambio de horario en la convocatoria. La modificación de la hora de convocatoria de las 12:00 a las 16:00 horas, una vez que la convocatoria ya había sido lanzada, plantea serias dudas sobre la transparencia y la imparcialidad del proceso. Estos cambios de último momento generaron incertidumbre y alimentaron la especulación sobre posibles maniobras ocultas para favorecer a ciertos candidatos.
Otro aspecto alarmante fue la firma de la convocatoria por parte de Sara Rocha, quien además es candidata a ocupar el puesto de presidente del Comité Directivo Estatal. Esta dualidad de roles plantea un conflicto de interés evidente y compromete la integridad del proceso. Es fundamental garantizar que los actores involucrados en la organización y conducción de las elecciones mantengan una imparcialidad absoluta para preservar la confianza de los militantes y de la sociedad en general.
El caso de Edmundo Torrescano es especialmente preocupante. Se le negó la documentación necesaria para acreditar su candidatura a nivel estatal y en el Comité Ejecutivo Nacional, colocándolo en una posición de desventaja frente a otros contendientes. Esta negativa aparentemente injustificada y la falta de igualdad de condiciones indican una posible intención de limitar la competencia y dirigir la asamblea del Consejo Político hacia una única opción candidata.
La falta de transparencia y la manipulación minan la confianza de los militantes priístas y debilitan la credibilidad del partido. Es responsabilidad de las autoridades pertinentes tomar medidas inmediatas para abordar estas preocupaciones y restaurar la confianza en el proceso democrático interno del partido. Solo a través de elecciones justas y transparentes se podrá fortalecer la legitimidad y la representatividad del PRI en beneficio de sus miembros.
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