El panorama electoral en San Luis Potosí se vuelve más intrigante con la reciente determinación del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) sobre las candidaturas independientes locales para el proceso electoral de 2024. Mientras ocho aspirantes continúan su camino hacia las urnas, cuatro han sido catalogados como “improcedentes”, generando debate sobre la equidad y transparencia del proceso.
El CEEPAC basó sus dictámenes en la evaluación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria para aquellos que expresaron su deseo de postularse como candidatos independientes. Este examen meticuloso busca garantizar que los participantes cumplan con los estándares necesarios para representar a la ciudadanía.
La tarea pendiente para los ocho aspirantes restantes implica la obtención del respaldo ciudadano, un requisito que no debe subestimarse. Con la necesidad de obtener al menos el 2 por ciento de apoyo de las personas registradas en la lista nominal de sus respectivos municipios o distritos electorales, se plantea un desafío significativo que pondrá a prueba la capacidad de movilización y conexión con la comunidad de estos candidatos.
El periodo del 17 de enero al 10 de febrero de este año será crucial para aquellos que buscan convertirse en candidatos independientes. La obtención del respaldo ciudadano no solo determinará su viabilidad para aparecer en las boletas del 2 de junio de 2024, sino que también será un indicador del apoyo genuino que han logrado cosechar entre sus conciudadanos.
Entre los candidatos que han obtenido la aprobación para participar se encuentran figuras como Leonardo Vinaja Vázquez, María Elia Rodríguez Lucero, Rafael Olvera Torres, Rosa Angélica Martínez Linares y Carlos Duran Trejo, quienes aspiran a liderar diferentes presidencias municipales. Además, se destacan las candidaturas para diputaciones locales, incluyendo a Miguel Alejandro Candia Gómez, Eduardo Duarte Jasso y José Ricardo Delsol Estrada.
Sin embargo, no se puede pasar por alto la controversia generada por la descalificación de cuatro candidaturas. Los aspirantes Hugo Ernesto Moreno Rodríguez, Rosalio González Martínez, Silvia Castillo Jara y Francisco Paredes Sánchez han sido excluidos por no cumplir con los requisitos establecidos. Este revés plantea preguntas sobre la claridad y accesibilidad de las normativas, así como la necesidad de un proceso de revisión más transparente y colaborativo.
A medida que avanzamos hacia las elecciones de 2024, la ciudadanía estará observando de cerca este proceso, evaluando no solo la capacidad de los candidatos para superar los desafíos impuestos, sino también la integridad y eficiencia del sistema electoral en San Luis Potosí. ¿Se asegurará el CEEPAC de que el juego se juegue en un terreno parejo para todos, o se perpetuarán desigualdades que minan la confianza en nuestro sistema democrático local? La respuesta, sin duda, será clave para el futuro político de nuestro estado.
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