En el recorrido de Enrique Galindo Ceballos como comisionado general de la Policía Federal, la sombra de masacres y violaciones a los derechos humanos en Apatzingán y Tanhuato, Michoacán, así como el desalojo violento de Nochixtlán, Oaxaca, pesa sobre su historial. Ahora, este exmando policiaco convertido en alcalde busca la reelección en el Ayuntamiento de la Capital de San Luis Potosí, lo que ha despertado la atención de activistas y el llamado a la memoria colectiva.
Galindo, quien fuera comisionado general de la desaparecida Policía Federal al inicio del actual sexenio, fue cesado por el gobierno federal debido a la falta de disciplina, profesionalismo y moral, según explicó en su momento el presidente López Obrador. El mandato de Galindo estuvo marcado por hechos lamentables, entre ellos, su responsabilidad en la brutalidad policial durante el desalojo en Nochixtlán, Oaxaca, en 2016.
En ese entonces, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció la separación de Galindo de su cargo con el objetivo de facilitar una investigación ágil y transparente. Esto ocurrió 11 días después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por la ejecución extrajudicial de 22 personas, de un total de 42 muertes civiles en el rancho El Sol, Tanhuato, Michoacán, el 22 de mayo de 2015. También, a dos meses y diez días del violento desalojo en Nochixtlán, donde murieron 8 civiles y más de 200 resultaron heridos.
En ambas masacres, la Policía Federal, bajo el mando de Galindo Ceballos, fue señalada por el uso excesivo de la fuerza pública. Sin embargo, esta no fue una conducta aislada, ya que desde que asumió el cargo en diciembre de 2012, se hicieron señalamientos sobre el actuar sanguinario de los federales a partir de 2014.
Ahora, con la mira puesta en la reelección como alcalde en San Luis Potosí, la figura de Galindo Ceballos pepena en el ámbito político local, generando preocupación y llamados a no olvidar su pasado al frente de la Policía Federal. Activistas y ciudadanos exigen tener memoria colectiva para evaluar si alguien con ese historial es idóneo para ocupar un cargo público nuevamente. La sociedad debe cuestionar si un líder vinculado a violaciones a los derechos humanos puede representar los intereses y la seguridad de la comunidad en un puesto de responsabilidad. La reelección de Galindo Ceballos plantea interrogantes éticas y morales que no deben pasar desapercibidas en el panorama político actual y deben de ser tomadas muy en cuenta a la hora de emitir el voto.
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