La Cuarta Transformación en México, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido caracterizada por su lucha contra la corrupción y la promoción de una administración pública más transparente y justa. Uno de los ejemplos más llamativos de esta cruzada ha sido la liquidación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) debido a presuntas irregularidades y corrupción. Sin embargo, la realidad nos demuestra que la lucha contra la corrupción en México todavía tiene un largo camino por recorrer, ya que figuras cercanas a la 4T están siendo señaladas por prácticas cuestionables.
José María Tapia Franco, quien ocupó el cargo de director del Fonden durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, es un caso que ilustra esta paradoja. A pesar de que la administración de López Obrador prometió acabar con la corrupción y la impunidad, Tapia Franco, quien ha sido objeto de acusaciones de desvíos y negligencia criminal durante su mandato en el Fonden, no solo ha logrado hacer negocios con la Cuarta Transformación, sino que además aspira a una candidatura bajo la bandera de Morena para la alcaldía de Querétaro en 2024.
Esta situación es desconcertante para quienes esperaban un cambio real en la cultura política de México. Tapia Franco, un exfuncionario peñista que dejó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en julio y se acercó rápidamente a figuras prominentes de la 4T, como Claudia Sheinbaum, ha encontrado un espacio para prosperar en la esfera política de la actual administración. Esto plantea serias interrogantes sobre la coherencia y la sinceridad del discurso de lucha contra la corrupción que la 4T ha sostenido desde su llegada al poder.
La controversia en torno a Tapia Franco se intensifica cuando se examinan los detalles de sus actividades en tiempos recientes. Durante la pandemia de COVID-19, el exdirector del Fonden se vio envuelto en un negocio multimillonario con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que arroja sombras adicionales sobre su integridad. Las circunstancias de este trato y su relación con las instituciones del gobierno actual merecen una investigación y una explicación exhaustiva.
Además, no podemos pasar por alto las acusaciones que surgieron durante su gestión al frente del Fonden. Las denuncias de desvío de fondos y negligencia criminal en la atención a desastres naturales deberían haber sido investigadas en su momento, y la falta de rendición de cuentas al respecto es un recordatorio de la necesidad urgente de fortalecer las instituciones encargadas de supervisar el uso de los recursos públicos.
La ambición de Tapia Franco por postularse para un cargo público bajo la bandera de Morena plantea un dilema ético que la 4T debe abordar de manera transparente y coherente con su discurso de lucha contra la corrupción. Si la administración de López Obrador pretende ser un verdadero motor de cambio en México, debe mantener una alta integridad en la selección de candidatos y no permitir que figuras cuestionables ocupen posiciones de liderazgo. La ciudadanía merece que sus representantes sean ejemplos de honestidad y compromiso con el bienestar público.
La historia de José María Tapia Franco y su relación con la Cuarta Transformación plantea preguntas incómodas sobre la coherencia del movimiento en su lucha contra la corrupción. La 4T tiene la responsabilidad de abordar estas cuestiones de manera abierta y honesta, demostrando que su compromiso con un México más justo y transparente no es solo retórica, sino una realidad que se refleja en sus acciones y elecciones de candidatos.
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