Recientemente se han revelado preocupantes nexos millonarios entre el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, y Gerardo Sánchez Zumaya, dueño de PetroGesa. Según los informes, entre 2022 y 2023 se otorgaron cuatro contratos que suman 120 millones 330 mil 687.28 pesos a Torang Construcciones, empresa propiedad de María Liliam Torres, María Asunción Sánchez y César Torres Sánchez, familiares directos de Sánchez Zumaya.
Estas adjudicaciones no solo levantan sospechas debido a los lazos familiares, sino también por las observaciones realizadas por el Instituto de Fiscalización Superior de San Luis Potosí (IFS) en cada una de las obras. Esta situación sugiere posibles irregularidades y falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos.
El caso se agrava aún más con la implicación de otra empresa, Cagesa, Abastecedora de Hospitales SA de CV, también vinculada a Gerardo Sánchez. Esta empresa ha sido proveedora del ayuntamiento capitalino, suministrando medicamentos, material de curación y material dental, lo que aumenta las dudas sobre la integridad de los procesos de contratación del ayuntamiento.
Es imperativo que las autoridades correspondientes realicen una investigación exhaustiva y transparente sobre estos contratos y las relaciones personales involucradas. La ciudadanía merece claridad y rendición de cuentas sobre el uso de sus recursos. La confianza en las instituciones se construye sobre la base de la honestidad y la ética, valores que deben prevalecer en todos los niveles de gobierno.
El Ayuntamiento de San Luis Potosí debe garantizar que todos los contratos y adjudicaciones se realicen con la máxima transparencia y apego a la legalidad. Solo así se podrá restaurar la confianza de la población en sus líderes y en el correcto uso de los fondos públicos.
La lucha contra la corrupción y la opacidad debe ser una prioridad para todas las administraciones, y este caso es un recordatorio de la importancia de mantener una vigilancia constante sobre el actuar de nuestros representantes. Es momento de exigir respuestas y acciones concretas para asegurar que la justicia y la transparencia prevalezcan en San Luis Potosí.
Es inaceptable que el alcalde Enrique Galindo Ceballos use los recursos públicos para beneficiar a sus allegados y a empresas de sus amigos. Esto no solo es un abuso de poder, sino que también desvía fondos que deberían estar destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
La corrupción dentro del Ayuntamiento capitalino encabezado por Galindo Ceballos no puede seguir siendo tolerada, mucho menos cuando se trata de altos funcionarios que deben rendir cuentas a la población. Los ciudadanos de San Luis Potosí merecen un gobierno honesto y transparente, que utilice los recursos públicos de manera eficiente y en beneficio de toda la comunidad, y no de unos cuantos.
