El incumplimiento por parte del Ayuntamiento de San Luis Potosí de la Ley de Disciplina Financiera y las numerosas irregularidades detectadas en el proceso de contratación de un crédito con Bansi por 150 millones de pesos son hechos alarmantes que merecen una crítica severa. El documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revela una clara negligencia y falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos.
Una de las principales preocupaciones señaladas en el informe es el desvío de los fondos destinados a infraestructura, que deberían haber sido registrados como deuda pública. Es inaceptable que el Ayuntamiento Capitalino encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos pretenda justificar este incumplimiento afirmando que se trató de una deuda a corto plazo y que ya está liquidada. La Ley de Disciplina Financiera establece claramente los fines específicos para los cuales se pueden destinar los recursos financieros, y utilizarlos para obras de infraestructura no se ajusta a dichos fines.
Además, el hecho de que el Ayuntamiento no haya buscado las mejores condiciones en el mercado financiero revela una falta de responsabilidad en la administración de los recursos públicos. La Ley de Disciplina Financiera tiene como objetivo garantizar una gestión responsable y eficiente de las finanzas públicas, y esto incluye la búsqueda de las mejores condiciones crediticias. El incumplimiento de esta disposición muestra una falta de diligencia por parte de los funcionarios involucrados.
Otra grave irregularidad es la omisión de considerar al Congreso del Estado en la autorización de los montos máximos a contratar. La Ley establece claramente que se requiere el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso para autorizar estos montos, así como para analizar su destino, capacidad de pago y establecer garantías o fuentes de pago. El hecho de que esta autorización no haya sido obtenida demuestra un claro desprecio por los mecanismos de control y rendición de cuentas.
El intento del Ayuntamiento de San Luis Potosí de transferir el adeudo a otra institución, en este caso al organismo operador de agua Interapas, también plantea serias preocupaciones. La dependencia federal ha advertido sobre los riesgos de ceder los derechos de cobro a una institución financiera sin seguir las directrices adecuadas en materia de Deuda Pública. Esto indica una falta de responsabilidad y una posible estrategia evasiva para eludir las consecuencias de las irregularidades cometidas.
Ante esta situación, es imprescindible que las autoridades competentes tomen acciones contundentes para investigar y sancionar a los responsables de estas irregularidades financieras. La falta de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera socava la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes y pone en riesgo la correcta administración de los recursos públicos.
La situación financiera del Ayuntamiento de San Luis Potosí evidencia una clara falta de responsabilidad y transparencia por parte de los funcionarios involucrados. Es fundamental que se realice una investigación exhaustiva y se tomen medidas correctivas para garantizar el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera y restaurar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones públicas.
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