En pleno siglo XXI, la protección de datos personales se erige como un pilar fundamental en cualquier sociedad que aspire a ser justa y democrática. Sin embargo, lamentablemente, una vez más nos enfrentamos a casos de utilización indebida de información protegida en el contexto de las campañas electorales.
La reciente denuncia del Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Eloy Franklin Sarabia, es un claro ejemplo de esta problemática. Sarabia ha levantado la voz ante la presunta manipulación de datos por parte de candidatos y funcionarios, quienes parecen haber olvidado la importancia de respetar la privacidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
En esta ocasión, los candidatos señalados son Juan Carlos Velázquez, aspirante a la Alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez, y Guillermo Morales, delegado del Bienestar. Ambos son acusados de emplear información protegida por ley con fines electorales, una práctica que no solo es cuestionable desde el punto de vista ético, sino que también constituye una clara violación de la normativa vigente en materia de protección de datos personales.
El caso adquiere mayor gravedad al conocer que los datos estarían siendo utilizados en los recibos de energía eléctrica distribuidos por el Servicio Postal Mexicano. Los ciudadanos de la localidad se han visto sorprendidos al encontrar propaganda política de Morena, incluyendo su nombre y domicilio, en documentos que deberían ser estrictamente confidenciales.
Ante esta situación, es imperativo que las autoridades electorales investiguen a fondo estas prácticas y que se tomen medidas contundentes para garantizar el respeto a la privacidad de los ciudadanos. El llamado de Franklin Sarabia a detener el mal uso de información sensible no puede ser ignorado. Estas acciones van más allá de simples estrategias políticas; constituyen una afrenta a la integridad de nuestro sistema democrático y socavan la confianza de la ciudadanía en el proceso electoral.
Es necesario que tanto candidatos como funcionarios comprendan la gravedad de sus acciones y asuman la responsabilidad que les corresponde. La democracia exige transparencia, honestidad y respeto por los derechos de todos los ciudadanos, y es deber de todos velar por su preservación. En un momento crucial como este, debemos reafirmar nuestro compromiso con la protección de datos y con el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas.
