El Consejo Nacional de Morena ha dado a conocer recientemente las reglas del proceso de selección de candidato a las elecciones presidenciales de 2024, sin embargo, estas acciones han levantado serias preocupaciones respecto al cumplimiento de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales.
Dentro de las múltiples normas violadas, destacan las siguientes transgresiones: En primer lugar, el adelantamiento de la fecha en la cual los partidos deberían elegir a sus candidatos, contraviniendo el artículo 226 de la ley, el cual establece claramente que dicho proceso inicia en la tercera semana del mes de noviembre del año previo a la elección. Esta prematura toma de decisiones limita la posibilidad de una selección informada y transparente de los candidatos.
Asimismo, se ha incumplido con el deber de comunicar el procedimiento aplicable para la selección de candidatos al Consejo General dentro de las 72 horas siguientes a su aprobación, según lo estipulado en la ley. Este hecho obstaculiza la transparencia y la rendición de cuentas, fundamentales para el fortalecimiento de la democracia.
Otra flagrante violación es la iniciación de las precampañas antes de la tercera semana de diciembre del año previo a la elección. Al no respetar el periodo legal de duración de los procesos internos, que no debe exceder los 60 días, se menoscaba el principio de equidad y se crea una clara ventaja para ciertos candidatos o corrientes políticas, en detrimento de la pluralidad y la justa competencia.
Por si fuera poco, el partido Morena han excedido significativamente la duración establecida para las precampañas, que no puede superar los 60 días. Al adelantar este proceso en cinco meses, se excede en más del doble el límite impuesto por la ley. Este actuar irresponsable y antijurídico daña gravemente la imparcialidad y equidad de las contiendas electorales.
Además, se han transgredido los derechos de los precandidatos al no permitirles interponer inconformidades y alegatos en relación con los resultados. La posibilidad de impugnar y debatir los resultados es un componente esencial para asegurar un proceso democrático justo y transparente, pero lamentablemente, esta garantía ha sido negada.
Resulta especialmente alarmante el debilitamiento de la democracia en este proceso, evidenciado por la prohibición impuesta a los candidatos de dar entrevistas en medios considerados “enemigos” o “adversarios” de la llamada Cuarta Transformación. Esta restricción censura la libre expresión y el derecho a la información, fundamentales para la pluralidad y el debate político saludable en una sociedad democrática.
Adicionalmente, la denominada “encuesta madre”, que decidirá al candidato, ha sido confiada al criterio del Presidente, lo cual genera dudas legítimas sobre la imparcialidad y la independencia del proceso. La decisión de López Obrador de no considerar estas etapas como precampañas, sino como una elección de un “Coordinador de Defensa de la Transformación”, convierte el proceso electoral en una mera simulación, erosionando aún más la confianza de la ciudadanía en el sistema político.
Ante estas violaciones flagrantes a las normas electorales y la falta de transparencia en el proceso interno de selección de candidato, es imprescindible que las autoridades competentes intervengan y garanticen el respeto a la legalidad y a los principios democráticos. La democracia es un valor fundamental en nuestra sociedad, y su vulneración amenaza la estabilidad y la legitimidad de nuestro sistema político.
Es urgente que los actores involucrados rectifiquen su actuar y se apeguen a los principios democráticos, promoviendo la transparencia, la justicia y la equidad en cada etapa del proceso electoral. Solo a través del respeto a las leyes y la garantía de la participación ciudadana plena, podremos construir un México más fuerte, inclusivo y democrático. El futuro de nuestra nación depende de ello.
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