Los exámenes de Control y Confianza aplicados a las policías municipales de San Luis Potosí han vuelto a colocar sobre la mesa una verdad incómoda: la seguridad pública no se fortalece con discursos, sino con decisiones que, aunque dolorosas, resultan inevitables. El balance es mixto, sí, pero detrás de esa palabra diplomática se esconde una realidad más cruda: hay corporaciones que avanzan y otras que simplemente no resistieron la prueba.
Que un gobierno reconozca la infiltración delictiva en cuerpos policiales municipales no es un asunto menor. Es aceptar que el problema no es superficial ni reciente, y que en algunos municipios la corrupción no fue una anomalía aislada, sino una estructura enquistada. Villa de Reyes es apenas un referente conocido, pero no el único. El desmantelamiento total de corporaciones habla de fallas profundas y de un deterioro que ya no admite parches ni simulaciones.
Separar a todos los elementos de una policía municipal puede parecer una medida extrema, pero en contextos donde la confianza está rota, la tibieza suele ser más peligrosa que la firmeza. La seguridad pública se sostiene, ante todo, en la credibilidad. Sin ella, cualquier patrullaje es un gesto vacío y cualquier uniforme, una fachada. Recuperar esa confianza exige empezar de cero, aunque el costo político sea alto.
Es relevante, además, que estas acciones no se hayan tomado en solitario. La coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y autoridades federales no solo garantiza continuidad operativa, sino que envía un mensaje claro: cuando las instituciones locales fallan, el Estado tiene la obligación de intervenir para proteger a la población. No hacerlo sería una forma de complicidad silenciosa.
El objetivo de los controles de confianza no es castigar, sino depurar; no es debilitar a las policías municipales, sino fortalecerlas. Permanecer en el servicio público de seguridad debe ser un privilegio ganado, no una concesión automática. Quien porta un arma y una placa debe demostrar, una y otra vez, que su lealtad está con la ley y no con intereses ajenos a ella.
La advertencia final del gobierno estatal es tan clara como necesaria: los controles continuarán y las intervenciones seguirán cuando los resultados lo exijan. En un país y en un estado marcados por la violencia, la seguridad de la ciudadanía no puede subordinarse a cálculos políticos ni a equilibrios administrativos. Depurar duele, incomoda y genera resistencias, pero ignorar el problema cuesta mucho más. En seguridad, la omisión también es una forma de riesgo.
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