La reciente clausura de una sucursal de Domino’s Pizza en San Luis Potosí, tras una campaña publicitaria que señalaba con humor los crónicos baches de la ciudad, no es solo un incidente aislado. Es un síntoma alarmante de la fragilidad democrática en lo local, donde la crítica ciudadana —incluso disfrazada de marketing— se topa con el muro autoritario de un poder municipal que prefiere silenciar antes que resolver.
Domino’s cometió un “delito” inusual: usar el ingenio para reflejar una realidad que los potosinos padecen a diario. Su anuncio —”En San Luis Potosí hay dos cosas seguras: los baches y una pizza en la mesa”— fue un destello de verdad incómoda. La viralización no sorprende: la ciudadanía, hastiada de esquivar cráteres urbanos, encontró en esa ironía un eco de su frustración. La campaña, lejos de ser un mero reclamo, cumplió una función social: visibilizar un problema de infraestructura que afecta seguridad, economía y calidad de vida.
El argumento municipal —”falta de permisos”— resulta sospechosamente oportuno. Si la sucursal operaba sin problemas antes del anuncio, ¿por qué la clausura solo tras la crítica pública? La cronología no miente: viralización del cartel + reacción ciudadana = acción punitiva inmediata. La administración de Enrique Galindo Ceballos no solo falló en responder al fondo del problema (los baches), sino que optó por un camino peligroso: usar el aparato burocrático como arma de censura.
La clausura envía un mensaje nítido a empresas y ciudadanos: “Criticar al poder tiene consecuencias”. Al sancionar a Domino’s —aún sin declaraciones oficiales que vinculen ambos hechos—, el municipio demostró una sensibilidad extrema a la crítica y una indiferencia insultante al problema real. Peor aún: convirtió un reclamo legítimo en un “caso de disciplina administrativa”, desviando el foco de su propia incapacidad para garantizar vialidades dignas.
La reacción ciudadana en redes no se hizo esperar: memes comparando baches con cenotes, fotos de calles devastadas y denuncias de negligencia gubernamental inundaron plataformas. La clausura, lejos de acallar la crítica, amplificó el mensaje original y expuso la hipersensibilidad del gobierno. Como en un efecto Streisand inverso, intentar borrar la denuncia solo la multiplicó.
San Luis Potosí merece respuestas, no represalias. En lugar de perseguir a quien señala los baches, el municipio debería ocupar sus recursos en rellenarlos. El caso Domino’s revela una triste paradoja: las calles no son lo único lleno de hoyos; también lo está la voluntad política para escuchar a la ciudadanía.
Mientras las empresas aprenden que el activismo cívico puede ser riesgoso, los gobiernos locales deben recordar que su deber no es administrar permisos como escudos, sino garantizar derechos. El mejor antídoto contra la crítica no es el sello de clausura, sino la obra pública eficiente. Hoy, los baches siguen ahí, pero lo que realmente socava la confianza es el abismo entre el poder y la gente que lo sostiene.
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