La noche del pasado viernes en San Luis Potosí no solo dejó un joven inconsciente en las afueras de un antro. También reveló una cruda realidad: la impunidad con la que actúan ciertos personajes vinculados al poder, protegidos por un sistema que normaliza la violencia y el privilegio. El video que circula en redes sociales, donde aparece el hijo del alcalde Enrique Galindo Ceballos —junto a sus escoltas— golpeando brutalmente a un joven, es una metáfora grotesca de cómo el poder público se privatiza para servir intereses particulares, incluso para cometer agresiones.
En las imágenes, Sebastián Galindo, con una playera gris claro, no solo observa pasivamente la escena: es parte activa de ella. Mientras uno de sus escoltas lo sostiene —como si fuera un espectador inocente—, otro sigue propinando golpes a la víctima, ya inconsciente en el suelo. La brutalidad no se detiene ahí. Una mujer que intenta intervenir para detener la agresión también recibe empujones y violencia por parte del mismo grupo. ¿Qué clase de “protección” brindan estos escoltas? Su labor, financiada con recursos públicos, no es custodiar a un ciudadano, sino blindar los privilegios de quien actúa con la arrogancia de saberse intocable.
Este episodio no es un hecho aislado. Es síntoma de una enfermedad profunda: la normalización de la impunidad para quienes están cerca del poder. Los hijos de funcionarios no nacen con derecho a golpear impunemente, pero algunos, como Sebastián Galindo, parecen creer que su apellido es un salvoconducto para evadir la ley. ¿Cuántas veces hemos visto casos similares? Hijos de políticos involucrados en escándalos de violencia, corrupción o tráfico de influencias, cuyos crímenes se diluyen en la opacidad de las investigaciones o en acuerdos bajo la mesa.
Lo más indignante no es solo la agresión, sino la complicidad institucional que la permite. ¿Por qué los escoltas, cuyo salario pagamos todos, actuaron como cómplices en lugar de mediadores? ¿Acaso su lealtad es hacia el apellido y no hacia la ley? Este caso expone cómo los recursos del municipio capitalino se distorsionan para servir a intereses privados, incluso para amparar delitos. Si los custodios del orden se convierten en guardaespaldas de la injusticia, ¿en qué se diferencia su rol del de una escolta mafiosa?
La sociedad potosina está harta de estos abusos. Las protestas en redes, las exigencias de justicia y la viralización del video son un grito colectivo contra un sistema que protege a los poderosos y revictimiza a los vulnerables. Pero no basta con la indignación momentánea. Es imperativo que las autoridades actúen: los escoltas involucrados deben ser desvinculados y procesados, y Sebastián Galindo debe enfrentar las consecuencias legales de sus actos, sin atajos ni privilegios.
Sin embargo, hay un silencio elocuente. El alcalde Enrique Galindo Ceballos, hasta ahora, no ha dado la cara para condenar los hechos ni para comprometerse con una investigación transparente. Su mutismo no es neutral: es un mensaje de complicidad pasiva. Mientras tanto, la Fiscalía estatal debe demostrar que su autonomía no es una farsa. Si el agresor fuera un joven sin apellidos ilustres, ¿dudarían en actuar?
Este caso no es solo sobre un golpe. Es sobre la fractura ética de una sociedad donde el poder se hereda como un derecho feudal y la justicia se aplica con doble rasero. San Luis Potosí merece respuestas, no más sombras. Y los ciudadanos debemos recordar que, cuando permitimos que unos cuantos operen por encima de la ley, todos perdemos el derecho a vivir en paz.
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