En la madrugada del 3 de enero de 2026, Estados Unidos lanzó una operación militar a gran escala sobre territorio venezolano. Aviones de combate bombardearon objetivos estratégicos en el norte del país mientras helicópteros ingresaban a Caracas para capturar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico y terrorismo. La vicepresidenta Delcy Rodríguez fue nombrada presidenta interina por el Tribunal Supremo, mientras el gobierno venezolano denunció una “agresión militar” y buena parte de la región reaccionó con sorpresa, indignación o prudente silencio.
Washington presenta la operación como una extensión de su “guerra contra los cárteles” y del expediente judicial que desde hace años acusaba a Maduro y a su círculo cercano de usar al Estado venezolano como plataforma del narcotráfico. La narrativa oficial insiste en que se trata de hacer justicia frente a un “narco-régimen” y de proteger a la sociedad estadounidense de las drogas que cruzan sus fronteras. Detrás de ese discurso hay también un contexto interno: un presidente estadounidense que ha hecho del tema de la seguridad y de la mano dura un eje de su proyecto político, y que llevaba meses amenazando con acciones militares extraterritoriales contra actores ligados a las drogas en América Latina.
Pero reducir esta operación a una simple “redada antidrogas” sería ingenuo. Venezuela es uno de los países con mayores reservas de petróleo del mundo y tiene, además, importancia geopolítica como aliado de Rusia, Cuba e Irán. Analistas y gobiernos críticos con Washington ven en el ataque un intento de cambiar el régimen por la fuerza, controlar recursos energéticos y mandar un mensaje al resto de la región: quien desafíe la agenda de Estados Unidos puede ser removido por la vía militar. La propia retórica del presidente estadounidense, que ha hablado de “dirigir” temporalmente a Venezuela y ha insinuado que otros países podrían ser los siguientes, alimenta la percepción de una política abiertamente intervencionista.
Los “pros” de la operación se ven sobre todo desde la óptica de una parte de la oposición venezolana y de sectores de la diáspora que llevan años sufriendo la deriva autoritaria, la crisis económica y el colapso de servicios básicos. Para ellos, la caída de Maduro podría abrir una ventana, aunque sea pequeña, a una transición política. El régimen había cerrado prácticamente todas las vías institucionales para una alternancia pacífica, y las elecciones eran vistas por muchos como meros trámites controlados por el poder. En ese contexto, algunos consideran que, sin la salida forzada del líder, era imposible cambiar el rumbo del país.
Sin embargo, los “contras” son abrumadores y explican por qué tantos gobiernos, organizaciones de derechos humanos y especialistas en derecho internacional han condenado el ataque. No hubo autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, Venezuela no atacó previamente a Estados Unidos y la operación fue decidida de forma unilateral. Expertos en derecho internacional señalan que es muy difícil encontrar justificación legal para capturar por la fuerza a un presidente en ejercicio y llevarlo a juicio en otro país; ven en ello una violación frontal de la soberanía venezolana y un golpe al sistema de reglas que, al menos en teoría, limita el uso de la fuerza entre Estados.
El costo humano y regional tampoco es menor. El gobierno de Cuba ha informado de decenas de militares y policías cubanos muertos durante la operación, lo que eleva el riesgo de que el conflicto se internacionalice aún más. Rusia, socio clave de Caracas, ha recomendado a sus ciudadanos no viajar a Venezuela y habla de “agresión armada” de Estados Unidos, mientras en varios países se han convocado protestas contra el ataque. Nada garantiza que la operación termine con la captura de Maduro: siempre existe la posibilidad de nuevos bombardeos, choques internos o movimientos de actores armados que aprovechen el vacío de poder.
¿Qué futuro le espera a Venezuela? En el corto plazo, el escenario es de enorme incertidumbre. Hay una presidenta interina, pero su margen real depende de la lealtad de las fuerzas armadas, de la capacidad de controlar al aparato chavista y de la respuesta de la calle. Pueden darse varias rutas: una negociación acelerada, con mediación internacional, que lleve a un gobierno de transición y a elecciones relativamente creíbles; una pugna interna entre facciones del chavismo y la oposición que derive en mayor violencia; o una especie de tutela de facto, donde decisiones clave sobre seguridad y economía se tomen mirando a Washington. Ninguna de estas opciones garantiza una mejora rápida en la vida cotidiana de la población venezolana, que viene arrastrando años de pobreza, migración masiva y deterioro institucional.
El golpe a Venezuela también resuena con fuerza en México. El presidente estadounidense ha lanzado mensajes directos advirtiendo que podría actuar contra otros países si, a su juicio, no “se ponen las pilas” frente al narcotráfico. México, por su frontera compartida, su papel en las rutas de drogas y su compleja relación de seguridad con Washington, aparece inevitablemente en ese radar. Para muchos mexicanos, la operación en Caracas activa una alarma: si Estados Unidos se siente con derecho a entrar militarmente a un país sin autorización internacional, ¿qué lo detendría de hacer algo similar en territorio mexicano bajo el argumento de combatir cárteles?
Hay otro ángulo: el humanitario y el migratorio. Cualquier escalada de violencia en Venezuela puede provocar una nueva ola de personas que huyen hacia otros países de la región. México ya es ruta y, cada vez más, destino de miles de venezolanos que intentan llegar a Estados Unidos o rehacer su vida en territorio mexicano. Un conflicto prolongado o un colapso institucional mayor podría presionar aún más las fronteras, los albergues y los sistemas de asilo mexicanos, en un contexto donde el país ya enfrenta fuertes presiones migratorias desde Centroamérica y el Caribe.
En lo económico, un conflicto así suele mover los precios del petróleo y la energía. Para México, productor de crudo, podría haber un beneficio de corto plazo por ingresos adicionales si suben las cotizaciones internacionales, pero eso también podría traducirse en gasolina y energía más caras internamente. Además, la salida parcial de Venezuela del mercado o una reconfiguración de sus contratos energéticos puede abrir espacio a nuevas jugadas de empresas estadounidenses y europeas en la región, con implicaciones para la competencia y las alianzas que México mantiene en materia energética.
También hay un posible “pro” para México, pero muy condicionado: la oportunidad de jugar un papel diplomático relevante. Tradicionalmente, la política exterior mexicana ha defendido la no intervención y la solución pacífica de controversias. Hoy, esa doctrina se enfrenta a una prueba dura: ¿cómo condenar la violación de la soberanía venezolana y, al mismo tiempo, mantener un canal de diálogo funcional con Washington? Si México logra articular junto con otros países latinoamericanos una postura común que exija respeto al derecho internacional, apoye una salida democrática para Venezuela y evite la escalada militar, podría salir fortalecido como actor diplomático. El riesgo, claro, es quedarse atrapado entre la presión del vecino del norte y la exigencia interna de defender la soberanía.
Al final, lo que ocurre hoy en Venezuela no es solo un asunto entre Caracas y Washington. Es un espejo incómodo para toda América Latina. Muestra hasta qué punto siguen vivos los reflejos intervencionistas de Estados Unidos, pero también evidencia que los regímenes autoritarios que cierran las puertas a la alternancia terminan empujando a sus sociedades al límite. Para México, la lección es doble: cuidar su propia democracia y estado de derecho para no convertirse en un “caso de seguridad” ajeno, y defender con firmeza un orden internacional en el que los cambios de gobierno se decidan en las urnas y no en los radares de un bombardero. Lo demás, aunque hoy parezca inevitable, es una derrota compartida para la región.
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