La reciente sentencia de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de San Luis Potosí, que condena al Ayuntamiento presidido por Enrique Galindo Ceballos a pagar más de 44 millones de pesos a la empresa Corporativo Proyecto Platino, no es solo una noticia judicial. Es un reflejo alarmante de la improvisación, la inconsistencia y el alto costo que pueden tener las decisiones arbitrarias de los gobiernos locales.
El caso es paradigmático de una falla sistémica en la administración pública municipal. En un primer acto, durante el periodo 2018-2021, el propio Ayuntamiento autorizó la construcción de 45 viviendas. Posteriormente, la misma institución, bajo la misma administración de Galindo, impidió la conclusión y comercialización del proyecto, argumentando de manera repentina una “falla geológica”. El tribunal, tras analizar las pruebas, determinó que esta acción posterior fue una “actividad irregular del órgano público”, causando daños materiales, objetivos y morales a la empresa.
Si el terreno tenía una falla geológica tan grave, ¿cómo fue posible que se otorgara la autorización inicial? ¿Fue un error de evaluación, presión política o simplemente falta de rigor?
¿Qué motivó el cambio radical de postura? ¿Fueron nuevos estudios técnicos incontrovertibles, o intereses ajenos al desarrollo ordenado de la ciudad? La falta de una explicación clara y contundente por parte del municipio alimenta la sospecha de decisiones caprichosas.
¿Quién asume el costo? Los 44.6 millones de pesos (más actualizaciones) que pagarán las arcas municipales no salen de un bolsillo privado. Son recursos públicos que debieron destinarse a obras, servicios o programas sociales para los potosinos. Es dinero que la ciudadanía pierde por la mala gestión de sus representantes.
El tribunal ha hecho bien en señalar la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento. Este fallo sienta un precedente crucial: las administraciones municipales no pueden jugar con las expectativas legítimas y las inversiones de los ciudadanos y las empresas. Las decisiones deben ser técnicas, consistentes, transparentes y basadas en la ley. Cambiar las reglas del juego a mitad del partido, sin fundamento sólido y probado, tiene consecuencias jurídicas y económicas graves.
Más allá de la sanción económica, esta condena es un golpe a la credibilidad de la administración de Enrique Galindo Ceballos. Evidencia una forma de gobernar que, en este caso concreto, resultó costosa e incompetente. La gestión urbana no puede ser un campo de batalla donde primen los vaivenes políticos o la falta de coordinación interna sobre el interés público y la seguridad jurídica.
La condena al Ayuntamiento de San Luis Potosí no es solo una derrota legal para Enrique Galindo; es un recordatorio contundente, pagado con dinero público, de que gobernar con improvisación e inconsistencia tiene un precio muy alto. Los ciudadanos merecen administraciones que actúen con responsabilidad, previsión y respeto irrestricto a la ley. Que esta costosa lección sirva para evitar que casos como este se repitan.
