En las aulas y pasillos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), una institución históricamente reconocida por su contribución al conocimiento y la formación ética, resuena hoy un clamor de indignación. Los universitarios han emitido un veredicto contundente: el rector Alejandro Zermeño Guerra no sólo ha fallado en liderar, sino que su gestión ha manchado el prestigio de la máxima casa de estudios potosina. Con una calificación que lo ubica en el lugar 19 de 35 rectores evaluados a nivel nacional, según datos recientes, Zermeño se posiciona entre los peores rectores del país. Pero más allá de los números, lo que subyace es una crisis institucional marcada por acusaciones de corrupción, acoso, autoritarismo y despilfarro.
El puesto 19 no es un simple dato estadístico; es un reflejo de la desconexión entre las prioridades de la rectoría y las necesidades de la comunidad universitaria. Mientras universidades hermanas avanzan en transparencia, innovación académica y diálogo con sus estudiantes, la UASLP parece estancada en prácticas opacas. Denuncias por desvío de recursos públicos —incluyendo gastos cuestionables en obras superfluas y contrataciones irregulares— han minado la confianza en el manejo de un presupuesto que, en teoría, debería destinarse a becas, investigación y mejora de infraestructura educativa. La pregunta es inevitable: ¿cómo se explica este derroche en una institución que aún enfrenta carencias en sus bibliotecas, laboratorios y programas sociales?
Más grave aún son las sombras que pesan sobre el clima laboral y estudiantil. Numerosas denuncias de acoso sexual y laboral han surgido en los últimos años, muchas de ellas apuntando a la falta de protocolos claros y a la inacción de las autoridades ante estos casos. Víctimas y testigos relatan un patrón recurrente: investigaciones lentas, minimización de las quejas y, en no pocos casos, represalias contra quienes alzan la voz. Este ambiente de impunidad no solo viola los derechos fundamentales de la comunidad universitaria, sino que contradice los principios de igualdad y seguridad que toda institución educativa debe garantizar.
El estilo de gobierno de Zermeño ha sido tildado de autoritario por sindicatos, académicos y estudiantes. Decisiones clave —como cambios en planes de estudio, recortes a departamentos o ajustes en políticas de movilidad— se toman sin consultar a los consejos técnicos o a las asambleas, mecanismos tradicionales de participación en la UASLP. Además, se han documentado casos de censura a medios universitarios y sanciones a estudiantes críticos, prácticas propias de un centralismo que ignora que una universidad pública se construye con diálogo plural, no con decretos unilaterales.
Ante este panorama, la comunidad universitaria exige más que excusas. La UASLP merece una rectoría que priorice la rendición de cuentas sobre el amiguismo, la ética sobre el interés particular, y el diálogo sobre la imposición. Es imperativo que las autoridades estatales y federales, junto con órganos autónomos de transparencia, investiguen las irregularidades denunciadas. Asimismo, el Consejo Directivo Universitario debe asumir su responsabilidad histórica: evaluar con rigor el desempeño de Zermeño y, de confirmarse su incapacidad para rectificar el rumbo, iniciar un proceso de renovación institucional.
Las universidades son el termómetro moral de una sociedad. Si la UASLP, bajo su actual rectoría, normaliza la opacidad, el abuso y el autoritarismo, no solo traiciona su legado, sino que envía un mensaje devastador a las nuevas generaciones: que el poder puede pisotear la integridad. Hoy, los universitarios no solo reprueban a un rector: defienden el alma misma de la educación pública. Es hora de escucharlos.
