El sábado 6 de diciembre se organizó lo que el gobierno presentó como la celebración por los siete años de la llamada Cuarta Transformación. Más que un balance serio, el acto terminó siendo un relato acomodado, una sucesión de cifras complacientes y un recuento que evita mirar los resultados reales.
Detrás de la fiesta quedó el contraste de siempre: se afirma una cosa y se practica otra. Un ejemplo claro es el salario mínimo. Cuando López Obrador inició su gestión, el ajuste era necesario. Sin embargo, el reciente aumento de 13% anunciado por la presidenta Sheinbaum rebasa cualquier prudencia. En un país sin crecimiento económico, un incremento de ese tamaño se vuelve un riesgo: presiona la inflación y empuja a las empresas a absorber costos que no pueden sostener. Cuando no hay más margen, lo que sigue suele ser el recorte de puestos de trabajo. No hace falta más que sentido común para advertirlo.
El Acuerdo PACIC, que pretende contener los precios de productos básicos gracias al compromiso del sector empresarial, tampoco alcanza para frenar la inflación si el detonante es justamente un ajuste salarial tan alto. La pregunta es inevitable: ¿qué ocurrirá cuando sindicatos como los de la UNAM, CFE o PEMEX utilicen ese 13% como referencia para renegociar sus contratos colectivos? ¿El gobierno ya midió ese impacto?
Otra de las cifras presumidas fue el crecimiento del empleo formal. Pero ese aumento proviene, en buena medida, de la obligación impuesta a trabajadores de plataformas para inscribirse al régimen de seguridad social. No es un crecimiento originado por la actividad económica, sino por una medida administrativa.
Lo mismo pasa con la inversión extranjera directa: gran parte del incremento responde al registro de remesas enviadas por migrantes. Ese movimiento contable se presenta como si fuera una señal de dinamismo económico, cuando en realidad no lo es.
Durante el evento, se repitió una y otra vez el catálogo de programas sociales. Su continuidad está asegurada en la Constitución y su costo ronda el 10% del presupuesto federal. La insistencia en presentarlos como novedad funciona más como discurso que como política.
En algo sí hubo coincidencia: la verdadera movilidad social depende de la educación. Pero para hablar de desarrollo con justicia social se necesita crecimiento económico, y ese componente sigue ausente.
México tiene una larga historia: cuatro milenios de una economía basada en el intercambio y la libertad para comerciar. Ese es el camino que el país ha recorrido y que muchos quieren preservar. Tal vez ahí radica parte del desencuentro. La presidenta Sheinbaum proviene de una familia inmigrante de origen lituano, marcada por experiencias distintas a las mexicanas, y es posible que esa distancia histórica pese en su visión, aunque los discursos se los escriban los asistentes del expresidente López Obrador.
Lo ocurrido el sábado fue, al final, un festejo exhibido como logro, pero sostenido en datos que no resisten el análisis. Detrás de la narrativa triunfalista, el país sigue enfrentando preguntas que no se resuelven con actos masivos ni con cifras acomodadas, sino con resultados que aún no llegan.
