La reciente propuesta de destinar casi 13 mil millones de pesos para la elección de jueces y magistrados en México ha generado un intenso debate sobre el uso de los recursos públicos. La democracia, sin duda, tiene un costo, pero es fundamental cuestionar si este gasto es realmente la mejor inversión que podemos hacer en nuestro sistema judicial y, por extensión, en el bienestar de la sociedad.
Con 13 mil millones de pesos, podríamos financiar 2,600 escuelas o construir 26 hospitales. Este tipo de comparación no es solo numérica; es una reflexión sobre las prioridades del gobierno y la sociedad. En un país donde la educación y la salud son pilares fundamentales para el desarrollo social y económico, resulta alarmante que se considere más importante elegir jueces que invertir en infraestructura educativa o sanitaria. La educación es esencial para formar ciudadanos críticos y participativos, mientras que la salud es un derecho humano básico que garantiza una vida digna.
Es innegable que la democracia tiene un costo. Las elecciones son una parte integral del sistema democrático y deben ser financiadas adecuadamente. Sin embargo, este gasto debe ser justificado y alineado con las necesidades más urgentes de la población. Gastar 13 mil millones en un proceso electoral judicial puede parecer razonable si se considera que se busca fortalecer el sistema judicial. No obstante, la percepción pública es que este dinero podría ser mejor utilizado en áreas que impactan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.
El sistema judicial mexicano ha sido objeto de críticas durante años, con denuncias sobre corrupción, ineficiencia y falta de acceso a la justicia. Si bien elegir jueces competentes es crucial para mejorar este sistema, la pregunta persiste: ¿es esta la forma más efectiva de lograrlo? La inversión en capacitación judicial, modernización de procesos y acceso a la justicia podría ser más beneficiosa a largo plazo que un gasto monumental en elecciones.
La propuesta de gastar 13 mil millones de pesos para elegir jueces debe ser reevaluada a la luz de las necesidades sociales más apremiantes. En lugar de priorizar elecciones costosas, sería más sensato redirigir esos recursos hacia la educación y la salud pública. La democracia debe ser un vehículo para mejorar la vida de los ciudadanos, no solo un proceso electoral costoso que no garantiza resultados efectivos. Es hora de que los responsables políticos escuchen las voces de quienes claman por una inversión más inteligente y humanitaria en el futuro de México.
