La investigación federal contra el huachicoleo ha alcanzado a San Luis Potosí, donde empresarios de renombre aparecen vinculados a una red dedicada a introducir millones de litros de combustible al país sin pagar impuestos. El caso no solo exhibe la magnitud del robo de hidrocarburos en México, sino también su capacidad de penetrar en sectores económicos formales y su peligrosa cercanía con el poder político.
La detención de Héctor Portales Ávila, empresario potosino y cuñado del Alcalde panista de Ébano, José Guadalupe Ordaz Cruz, revela cómo empresas transportistas y centros de almacenamiento funcionaron como piezas clave para mover combustible ingresado con pedimentos falsos a través de la aduana de Tampico. Portales, además, tiene un historial político: fue aspirante a la Alcaldía en 2015 por el PRI y se le ha visto en fotografías junto al exgobernador Juan Manuel Carreras López.
La red de complicidades se extiende aún más al ligarse con Gerardo Sánchez Zumaya, propietario de Petrogesa, beneficiado con contratos millonarios de Pemex entre 2021 y 2024 y actualmente denunciado por presunto lavado de dinero. Ambos empresarios aparecen juntos en imágenes públicas con Carreras, lo que alimenta las sospechas sobre la influencia de este grupo en la vida política y económica de la región.
Lo preocupante no es únicamente la sofisticación del fraude, sino la forma en que el huachicol fiscal ha encontrado cobijo en los círculos del poder. San Luis Potosí se convierte así en espejo de un problema nacional: el robo de combustibles ya no es solo una actividad de grupos criminales, sino un entramado donde confluyen empresarios, funcionarios y políticos que convierten la corrupción en modelo de negocios.
La sociedad potosina merece respuestas claras. ¿Quién protegió esta red? ¿Qué tan profundo es el involucramiento político? ¿Y hasta dónde llegará la justicia? La experiencia indica que muchos procesos similares han terminado en pactos oscuros y carpetas olvidadas, pero hoy la exigencia ciudadana es mayor: romper el ciclo de complicidades y demostrar que la ley puede imponerse sobre los intereses creados.
Porque lo que está en juego no es solo el dinero del erario: es la confianza en que el Estado puede enfrentar a quienes ven en la política y los negocios una ruta de impunidad disfrazada de progreso.
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