La administración pública debe ser sinónimo de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas. Sin embargo, en San Luis Potosí, los recientes hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) revelan un escenario alarmante: más de 750 millones de pesos en presuntas irregularidades durante la gestión del presidente municipal Enrique Galindo Ceballos. Estas cifras no son simples números; son un reflejo de un sistema que ha fallado en proteger los recursos de la ciudadanía.
El informe de la ASF sobre la Cuenta Pública 2023 coloca al Ayuntamiento de San Luis Potosí en el centro de la tormenta. Con 125 millones de pesos en observaciones por irregularidades en adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, el municipio lidera la lista de entes auditados con más deficiencias. Lo más grave es que, de los 43 posibles daños al erario, 25 no pudieron solventarse, lo que sugiere una administración incapaz de justificar el uso de fondos federalizados. ¿Cómo se explica que contratos millonarios se asignen sin cumplir con procesos claros? ¿Dónde quedó la vigilancia sobre el gasto público?
Pero el problema no es reciente. El IFSE ya había señalado irregularidades por 566 millones de pesos en la Cuenta Pública 2022. Aquí, los hallazgos son igualmente preocupantes: pagos sin justificación, asignaciones directas a proveedores sin experiencia comprobada y falta de documentación que respalde el uso del presupuesto. Estos no son errores administrativos aislados, sino patrones que apuntan a una gestión opaca y posiblemente deliberada.
Ante estos hechos, surge una pregunta incómoda: ¿estamos ante simples fallas de procedimiento o ante actos de corrupción encubiertos? La falta de documentación, los contratos asignados sin licitaciones y los proveedores sin giros comerciales compatibles son prácticas que, en otros contextos, han sido la puerta de entrada al desvío de recursos. La ciudadanía merece respuestas claras, no excusas técnicas.
Cada peso malversado o mal gestionado es un recurso que deja de llegar a hospitales, escuelas o infraestructura urbana. En un estado con altos índices de pobreza y desigualdad, estos 750 millones de pesos cuestionados representan oportunidades perdidas para mejorar la calidad de vida de miles de personas. La opacidad no solo daña las finanzas públicas, sino que mina la confianza en las instituciones.
No basta con que las auditorías señalen irregularidades; es necesario que los órganos de control actúen con firmeza. La Fiscalía Anticorrupción debe investigar si hubo delitos detrás de estas fallas, mientras el Congreso local está obligado a ejercer su facultad de fiscalización. Además, Galindo Ceballos y su equipo tienen la responsabilidad política de explicar públicamente estos señalamientos.
San Luis Potosí enfrenta una encrucijada: normalizar la opacidad o exigir un cambio radical en la gestión pública. Las irregularidades detectadas no son un tema contable, sino un síntoma de un sistema que prioriza intereses particulares sobre el bien común. La sociedad debe demandar que cada peso público se ejerza con rigor, porque solo así se construye una democracia sólida. Mientras no haya sanciones ejemplares y mecanismos de prevención, el ciclo de impunidad seguirá intacto.
La democracia no se fortalece con discursos, sino con hechos. Hoy, más que nunca, San Luis Potosí necesita gobernantes que entiendan que administrar lo público es un privilegio, no un botín.
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