La escena en el Congreso del Estado de San Luis Potosí fue un reflejo desgarrador de la realidad que vive la ciudadanía: gritos cruzados, abandonos del pleno en señal de protesta y una incapacidad crónica para construir consensos. Mientras los diputados se enfrascaban en una batalla de egos y acusaciones, el tema central —la inseguridad— quedó reducido a un espectáculo de confrontación, lejos de las soluciones urgentes que exige una sociedad herida por robos, asaltos y homicidios.
La sesión, marcada por tensiones incluso entre aliados políticos, evidenció que la seguridad no es solo un problema social, sino un campo minado de intereses partidistas. Los reclamos al Ayuntamiento capitalino, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, fueron legítimos: las cifras de violencia son alarmantes y la percepción de impunidad crece. Sin embargo, la forma en que se plantearon —entre señalamientos histriónicos y politización del dolor— reveló una desconexión preocupante entre la clase política y las víctimas reales.
El caso de Sandra Revilla, cuyo asesinato fue invocado como un símbolo de la crisis, debería haber sido un llamado a la unidad. En cambio, se convirtió en un arma arrojadiza. ¿Cuántos nombres más tendrán que sumarse a esta lista trágica antes de que los legisladores entiendan que su deber es cooperar, no competir? La ciudadanía no necesita discursos incendiarios ni promesas vacías; demanda acciones concretas: más inteligencia policial, coordinación interinstitucional, recursos para prevención y, sobre todo, rendición de cuentas.
Pero aquí reside el meollo del problema: la inseguridad se ha convertido en un eje de conflicto electoral, no de gobernanza. Mientras los partidos miden fuerzas en el pleno, las calles siguen sin patrullaje efectivo, las fiscalías carecen de capacidad investigativa y las familias pierden la fe en la seguridad y la justicia. La parálisis legislativa, alimentada por la polarización, solo beneficia a la delincuencia.
Es hora de exigir a los representantes que dejen de usar la seguridad como moneda de cambio. El alcalde Galindo debe responder con transparencia sobre su estrategia, pero los legisladores también tienen la obligación de proponer, no solo de criticar. Urge un pacto transversal que priorice metas claras: modernizar cuerpos policiales, fortalecer programas sociales en zonas vulnerables y crear sistemas ágiles de justicia.
La próxima vez que un nombre como el de Sandra Revilla resuene en el Congreso de San Luis Potosí, debería ser para honrar su memoria con leyes, no con golpes mediáticos. La inseguridad no distingue colores partidistas; sus víctimas tampoco. Si la política sigue secuestrada por el cálculo electoral, el costo lo seguirán pagando los ciudadanos. Y esa deuda, tarde o temprano, la cobrarán las urnas.
