La situación del sistema de pensiones en México, particularmente en San Luis Potosí, se ha vuelto insostenible debido a la herencia de lo que se ha denominado la “Casta Dorada de Jubilados”. Este término se refiere a un grupo selecto de ex trabajadores que, gracias a arreglos entre las administraciones del PRI y del PAN, han logrado obtener pensiones exorbitantes que superan los 121 mil pesos mensuales. Esta situación no solo es un reflejo de la desigualdad económica, sino que también representa un riesgo significativo para la estabilidad financiera de la Dirección de Pensiones, que debe erogar más de 5 millones de pesos al mes para cubrir estos compromisos.
Según informes recientes, al menos tres ex trabajadores reciben pensiones superiores a los 118 mil pesos, destacando a Roberto Escalante Cuellar con 121 mil pesos, Elodia Ortiz Cedillo con 120 mil, y Carlos Cuevas Gómez con casi 119 mil pesos. Además, hay otros cuatro jubilados que perciben más de 90 mil pesos y alrededor de 44 jubilados con ingresos superiores a los 80 mil pesos. En total, estas pensiones suman más de 5 millones 183 mil pesos mensuales. Este panorama revela una clara injusticia, donde unos pocos disfrutan de beneficios desproporcionados en comparación con el resto de la población.
Los gobiernos anteriores permitieron que se establecieran condiciones laborales y pensionales que favorecían a un grupo selecto. Estos arreglos se realizaron en complicidad con sindicatos y administraciones estatales como las de Juan Manuel Carreras López y Fernando Toranzo. La práctica de otorgar aumentos significativos a las pensiones sin considerar las condiciones financieras del estado ha llevado a una descapitalización del fondo de pensiones. La administración actual, encabezada por Ricardo Gallardo, se enfrenta a la difícil tarea de manejar este legado perjudicial.
La existencia de esta “Casta Dorada” no solo afecta la viabilidad del sistema de pensiones, sino que también agrava la desigualdad social en México. Mientras que la mayoría de los ciudadanos luchan por sobrevivir con salarios modestos, un pequeño grupo se beneficia desmedidamente. Este fenómeno es un claro ejemplo de cómo las estructuras políticas pueden perpetuar privilegios y desigualdades. Como bien señala el presidente uruguayo José Mujica, la política debería ser un servicio a la comunidad y no una oportunidad para enriquecerse.
Es necesario que se tomen medidas urgentes para reformar el sistema de pensiones y eliminar estas prácticas abusivas. La sociedad mexicana merece un sistema equitativo donde los recursos se distribuyan de manera justa y donde el bienestar colectivo prevalezca sobre los intereses individuales. La lucha contra esta casta privilegiada es esencial para garantizar un futuro más justo y sostenible para todos los ciudadanos.
editorial@revistapuntodevista.com.mx
