La decisión de los diputados de Morena de proteger a Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos, rechazando su desafuero pese a la acusación de abuso sexual en su contra, no es solo un acto de complicidad partidista: es la confirmación de que la clase política mexicana ha convertido el fuero en un pacto de impunidad. A esto se suma la cobardía del PRI, que, ante los señalamientos contra Alejandro Moreno, opta por el silencio cómplice. Mientras tanto, las víctimas —en su mayoría mujeres— quedan atrapadas en un sistema donde la justicia se negocia entre siglas y lealtades.
Es indignante que, en pleno 2025, los legisladores sigan usando el fuero no como un escudo para proteger la función pública, sino como un muro para evadir la rendición de cuentas. ¿Qué legitimidad tiene un Congreso que vota en bloque para blindar a sus aliados, incluso cuando hay denuncias graves de violencia sexual? Morena, que llegó al poder prometiendo romper con los vicios del viejo régimen, hoy reproduce los mismos mecanismos de opacidad que tanto criticó.
Pero la hipocresía no es exclusiva del oficialismo. El PRI, hundido en una crisis de identidad, demuestra que su “renovación” es solo un eslogan vacío. Alito Moreno, acusado de actos de corrupción, sigue siendo intocable para su partido, que prefiere guardar silencio antes que enfrentar sus propios demonios. Así, las cúpulas partidistas —sin importar su color— normalizan un sistema donde las denuncias se archivan si el acusado es “uno de los nuestros”.
Las legisladoras de oposición tienen razón al denunciar este pacto de impunidad. Al negar el desafuero de Blanco, no sólo se desestima una acusación grave, sino que se envía un mensaje brutal a las mujeres: sus voces valen menos que los intereses políticos. ¿Cómo creer en la lucha contra la violencia de género si los propios legisladores —hombres y mujeres— priorizan el cálculo electoral sobre la justicia? La frase “yo sí te creo” se convierte en un eslogan vacío cuando quienes legislan deciden, desde su curul, quién merece ser investigado y quién no.
Este caso no es aislado. Refleja una cultura política podrida, donde el poder se ejerce como un privilegio y no como un servicio. El fuero, en lugar de ser una garantía para ejercer libremente el cargo, es la carta blanca para violar leyes, acosar, robar o abusar. Y lo peor es que los partidos, en su obsesión por controlar daños, se han convertido en juez y parte: investigar a sus propios líderes sería admitir su fracaso moral.
La ciudadanía, sin embargo, no es ciega. Cada vez que un caso como este sale a la luz, la brecha entre la clase política y la sociedad se amplía. La desconfianza en las instituciones crece, y con ella, el cinismo. ¿Para qué votar? ¿Para qué denunciar? Si al final, quienes ostentan el poder se protegen entre sí, mientras las víctimas son abandonadas a su suerte.
Es urgente desmantelar este sistema perverso. El fuero debe reformarse para que ningún cargo público escape al escrutinio judicial. Las acusaciones de abuso sexual —como la que enfrenta Cuauhtémoc Blanco— no pueden depender de una votación en el Congreso, sujeta a negociaciones entre fracciones. Deben investigarse con rigor e independencia, sin que los partidos actúen como mafias protectoras. Además, es indispensable que las mujeres tengan garantías reales de que sus denuncias no serán archivadas por conveniencia política.
México merece una política donde la justicia no tenga colores. Donde los gobernantes entiendan que su puesto no los convierte en intocables, sino en servidores sujetos a la ley. Mientras los partidos sigan priorizando su supervivencia sobre la ética, seguiremos siendo un país donde la impunidad es la norma, y la justicia, una excepción. Las próximas elecciones serán la oportunidad de castigar, en las urnas, a quienes hoy creen que el poder les da permiso para pisotear los derechos de las mujeres y burlar la ley.
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