La reciente investigación de Mexicanos Contra la Corrupción ha destapado un escándalo que sintetiza las contradicciones del discurso político mexicano: el diputado morenista Arturo Ávila, vocero del grupo parlamentario de Morena, adquirió una mansión valuada en 4.8 millones de dólares en Rancho Santa Fe, California, una de las zonas más exclusivas del continente. Mientras su empresa en México enfrentaba un bloqueo de cuentas bancarias, Ávila firmaba una hipoteca para comprar una propiedad con seis habitaciones, salón de juegos, garage para nueve autos y áreas verdes que superan la realidad de millones de mexicanos. Este caso no solo expone posibles irregularidades financieras, sino que evidencia la brecha entre el proyecto de “austeridad republicana” y el estilo de vida de sus protagonistas.
La residencia de Ávila en Rancho Santa Fe, vecina de celebridades como Arnold Schwarzenegger y Bill Gates, refleja un nivel de opulencia que choca con la retórica de Morena, partido que se autoproclama defensor de los pobres. ¿Cómo explica un legislador —cuyo salario mensual ronda los 150,000 pesos— la adquisición de una propiedad de casi 5 millones de dólares? La respuesta oficial podría apelar a créditos o ahorros, pero la cronología es sospechosa: la compra se concretó en marzo de 2024, mientras una empresa fundada por Ávila enfrentaba bloqueos financieros en México. ¿De dónde surgió el capital para el enganche? ¿Qué institución bancaria otorgó una hipoteca bajo estas circunstancias?
Más allá de lo económico, el caso revela un patrón de impunidad política. Ricardo Monreal, líder morenista, ha promovido a Ávila como posible candidato a la gubernatura de Aguascalientes, a pesar de sus fracasos electorales previos. ¿Es este el perfil que Morena considera idóneo para representar a la ciudadanía? La incongruencia es alarmante: mientras el partido insiste en combatir la corrupción de “la mafia del poder”, sus figuras acumulan patrimonios que rivalizan con los de los antiguos críticos.
No es un caso aislado. En la misma zona residencial se encuentra la casa vinculada a Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, valuada en 4.4 millones de dólares. Ambos casos sugieren que Rancho Santa Fe se ha convertido en el símbolo no oficial de una nueva élite política, lejos del México real donde el 44% de la población vive en pobreza. ¿Acaso la “cuarta transformación” incluye transformar cuentas bancarias en propiedades de lujo?
Este escándalo exige más que titulares. Las autoridades mexicanas deben investigar el origen de los recursos utilizados por Ávila, particularmente ante las irregularidades de su empresa. Morena, por su parte, debe responder si avalar patrimonios inexplicables forma parte de su proyecto de justicia social. La sociedad merece saber si sus impuestos financian revolucionarios de discurso o si, como en el pasado, la corrupción solo cambia de dueño.
En un país donde la desconfianza en las instituciones es histórica, casos como este no solo manchan la imagen de un partido, sino que profundizan el cinismo ciudadano. La pregunta no es si Arturo Ávila tiene derecho a una casa lujosa, sino si su enriquecimiento es compatible con la ética pública que Morena prometió encarnar. Mientras no haya respuestas claras, la sombra de la hipocresía seguirá creciendo sobre la cuarta transformación.
