La decisión de los magistrados del Tribunal Federal Electoral Sala Monterrey, que confirmó irregularidades y opacidad en el proceso de renovación de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí, no solo expone fracturas internas en uno de los principales partidos políticos de México, sino que también plantea preguntas incómodas sobre la salud de la democracia interna en los institutos políticos. Este caso, marcado por acusaciones de falsificación de firmas y compra de votos, revela un patrón preocupante que podría erosionar la credibilidad ciudadana en las instituciones.
El conflicto inició cuando el Tribunal Electoral Estatal ordenó la reposición del proceso de elección interna del PAN en San Luis Potosí, tras detectar vicios en su primera ejecución. Verónica Rodríguez, figura central en la disputa, optó por desacatar la orden, confiando en que el fallo de la Sala Monterrey le sería favorable. Sin embargo, los magistrados federales respaldaron la decisión estatal, subrayando la falta de claridad en las reglas y la presencia de irregularidades graves, como la falsificación de firmas y el intento de compra de votos de delegados, vinculados —según denuncias— al alcalde Enrique Galindo Ceballos.
Las resoluciones judiciales destacan dos problemas críticos: primero, la ausencia de mecanismos transparentes en la elección interna, lo que generó ambigüedad en la validación de delegados y votos. Segundo, las acusaciones de manipulación, que, de probarse, configurarían delitos electorales. Si bien es esencial recordar que Enrique Galindo Ceballos mantiene su presunción de inocencia, la mera existencia de estas acusaciones en un partido que históricamente se ha presentado como abanderado de la ética pública es, cuando menos, paradójica.
No es la primera vez que el PAN enfrenta cuestionamientos sobre sus procesos internos. En 2019, en Michoacán, una elección interna derivó en enfrentamientos legales por acusaciones similares. Estos episodios sugieren que, más allá de casos aislados, existe una tendencia a priorizar intereses faccionales sobre principios democráticos, algo que contradice su discurso público.
La democracia partidista es la base de la legitimidad de cualquier instituto político. Cuando procesos como los del PAN en San Luis Potosí se ven empañados por opacidad y presunta ilegalidad, se socava no solo la credibilidad del partido, sino también la confianza en el sistema político en su conjunto. Los ciudadanos esperan que los partidos, especialmente aquellos con trayectoria gubernamental, ejerzan una auténtica rendición de cuentas.
Además, este caso resalta el papel crucial de los tribunales electorales como contrapesos. La ratificación de las irregularidades por dos instancias judiciales —estatal y federal— refuerza la necesidad de órganos autónomos capaces de fiscalizar a los actores políticos, incluso en sus procesos internos.
El PAN enfrenta una encrucijada: puede optar por minimizar el caso, tratándolo como un error técnico, o aprovecharlo para impulsar una reforma profunda en sus mecanismos de democracia interna. Lo segundo exigiría no solo replantear sus métodos de elección —garantizando transparencia y auditorías externas—, sino también sancionar a responsables si se confirman las acusaciones.
En paralelo, las autoridades electorales y penales deben investigar con rigor las denuncias de compra de votos y falsificación, evitando que la impunidad normalize estas prácticas. La ciudadanía, por su parte, merece partidos que no solo prediquen la democracia, sino que la ejerzan. San Luis Potosí podría ser, así, un punto de inflexión para que el PAN recupere su rumbo ético o, de lo contrario, se convierta en un recordatorio más de que la opacidad termina por cobrar facturas políticas.
Mientras tanto, este episodio sirve como recordatorio: la democracia no solo se defiende en las urnas generales, sino también en los procesos internos de quienes aspiran a gobernar.
