La reciente decisión de la Cámara de Diputados de México de desaparecer siete organismos autónomos representa un golpe significativo al derecho a la información y a la transparencia gubernamental. Este acto, orquestado bajo la dirección de Ricardo Monreal y con la aprobación tácita del expresidente Andrés Manuel López Obrador, plantea serias preocupaciones sobre el futuro del acceso a la información pública en el país.
Los organismos autónomos han sido fundamentales para garantizar la rendición de cuentas y el acceso a la información en México. Instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) han jugado un papel crucial en la promoción de una cultura de transparencia y en el empoderamiento de los ciudadanos para cuestionar y exigir información al gobierno. La desaparición de estos organismos no solo debilita estas funciones, sino que también erosiona la confianza pública en las instituciones democráticas.
La eliminación de estos organismos se traduce en un retroceso en los avances logrados en materia de transparencia. Como lo ha señalado José Guadalupe Luna Hernández, Comisionado del Infoem, el acceso a la información pública es un “derecho llave” que impulsa la participación ciudadana en el actuar gubernamental. Sin embargo, al desmantelar estas instituciones, se corre el riesgo de que actos gubernamentales se conviertan en posibles actos de corrupción, ya que la falta de supervisión adecuada puede facilitar la opacidad y el abuso de poder.
Este movimiento también tiene implicaciones políticas significativas. La concentración del poder y la reducción del escrutinio público son características preocupantes en cualquier democracia. Al eliminar organismos que operan independientemente del gobierno, se establece un precedente peligroso que puede llevar a un control más estricto sobre la información y limitar el derecho ciudadano a saber. La capacidad del gobierno para clasificar información como reservada sin justificación adecuada podría aumentar, lo que dificultaría aún más el acceso a datos importantes.
Es crucial que los ciudadanos se mantengan informados y activos ante estos cambios. La desaparición de organismos autónomos no debe ser vista como un hecho consumado. En lugar de ello, debe ser un llamado a la acción para exigir transparencia y rendición de cuentas. La sociedad civil tiene un papel vital que desempeñar al abogar por sus derechos y demandar que se respete su acceso a la información.
La disolución de estos organismos autónomos no solo afecta las estructuras institucionales; también impacta directamente en los derechos fundamentales de los ciudadanos. El derecho a saber es esencial para una democracia saludable y funcional. Los mexicanos deben permanecer vigilantes y exigir que su derecho a la información sea protegido y promovido, no solo por las instituciones, sino también por sus representantes electos. La lucha por una mayor transparencia y rendición de cuentas es más relevante que nunca en este contexto político cambiante.
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